Schumacher-Matos

Empresario y Periodista de EEUU, de origen colombiano. Ha sido editor fundador del Wall Street Journal Américas y formó parte del equipo de Philadelphia Inquirer que recibió el Pulitzer.

 

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Edward Schumacher-Matos – Boston. ¿Qué tendríamos que hacer con los inmigrantes en el marco de la reforma sanitaria?

En el programa de Lou Dobbs esta semana, el reverendo Samuel Rodríguez, del Consejo Nacional Hispano Cristiano, y el obispo Harry Jackson Jr., de la High Impact Leadership Coalition, fueron confrontados con la elección política de si proporcionar tratamiento de urgencia o no a un niño de tres años sin papeles. Dobbs forzó una elección entre “asegurar a los ciudadanos o a los ilegales.” Rodríguez dijo que los ilegales deberían estar asegurados; Jackson dijo que no deberían recibir el mismo tratamiento que los ciudadanos, pero a continuación sugería que en la práctica él no rechazaría al niño.

Sospecho que la mayoría de los estadounidenses conviene con Jackson. ¿Pero qué pasa con los inmigrantes legales? Los Senadores Republicanos Orrin Hatch, de Utah, y Mike Enzi, de Wyoming, tienen la respuesta: Restringirlos. Su propuesta obligaría a que los inmigrantes no tuvieran derecho a ninguna de las prestaciones sanitarias públicas nuevas hasta llevar cinco años en el país de manera legal. Esto repite la fórmula impuesta a casi todas las prestaciones sociales federales por el Congreso en 1996. Los colectivos pro-inmigrantes presionan en favor de la derogación total de esa ley poniendo fin al período restrictivo en cualquier propuesta de ley de reforma sanitaria.

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Sustentando el debate está la percepción popular de que los inmigrantes están conduciendo a la ruina al sistema sanitario del país y que suponen una amenaza para cualquier reforma. Hasta el Caucus Hispano del Congreso esquiva discretamente el asunto, sin decir nada que venga a cuento.

Pero el hecho es que los inmigrantes, latinos incluidos, aportan proporcionalmente menos presión sobre el sistema sanitario que los estadounidenses de nacimiento. Mientras tanto, contribuyen a la economía y — si creemos a los activistas y los estudios — están dispuestos a pagar más impuestos en concepto de sanidad.

Claramente el país no puede poner un cartel ofreciendo atención gratuita al resto del mundo. Pero los temores motivados por la inmigración no deberían teñir el debate. Los sistemas de salud son mucho más eficaces, eficientes y generosos que nuestro sistema sanitario público destinado a los no residentes sin necesidad de la tacañería de algo parecido a la propuesta Hatch-Enzi ni crearnos caras dificultades administrativas para combatir un problema que ha sido exagerado.

Un estudio difundido en el año 2005 por la Revista Americana de Salud Pública que analizaba los datos del gobierno concluía que el importe consumido por los inmigrantes, y por el gobierno en su nombre, era menos de la mitad (1.139 dólares) del importe consumido por y gastado en los ciudadanos estadounidenses de nacimiento (2.546 dólares). Esto no es sorprendente en absoluto: los inmigrantes son más jóvenes que la población en conjunto y acuden menos a consulta.

Las estrictas limitaciones a su solicitud de prestaciones públicas como Medicaid o el Programa Estatal de Salud Infantil (SCHIP) significa que el gasto público en los inmigrantes también será similarmente bajo. En el caso de los inmigrantes ilegales, según un estudio publicado en el año 2006 en Health Affairs, era el 0,6% de lo que recibía la ciudadanía estadounidense de nacimiento en forma de prestaciones públicas.

Un estudio de la RAND realizado entre inmigrantes del condado de Los Ángeles, por ejemplo, concluía que apenas la mitad de los ilegales había visto a un médico durante el último año.

¿Pero qué hay de las imágenes de salas de urgencias llenas hasta la bandera de inmigrantes? Existen excepciones hospitalarias individuales que generan las imágenes dramáticas de la televisión, pero no son representativos de todos los hospitales del país.

El estudio de Health Affairs concluía que sólo el 6% más o menos de los inmigrantes sin la ciudadanía utilizó los servicios de urgencias en el año 2003, en comparación con el 32% de los ciudadanos. Un estudio realizado por la Universidad de California en el año 2005 entre los inmigrantes mexicanos que llevaban menos de 10 años en California arrojó que visitaban las salas de urgencias la mitad de veces (alrededor del 10%) que los blancos estadounidenses de nacimiento (el 20%).

En el campo de minas de las estadísticas sanitarias, hay que notar que esas cifras no miden si los pacientes pagaron por los servicios o no. Según la Oficina de Contribución Pública, no existen cifras fiables que midan la atención de urgencias que queda sin abonar en función de la situación de inmigración.

Los latinos en general, legales o ilegales, nacidos en suelo estadounidense o no, sí parecen recibir más atención sanitaria no remunerada que los demás grupos raciales o étnicos. Los hispanos componen el 15% de la población, pero un estudio publicado a principios de este año por la New America Foundation concluía que eran responsables de poco más del 24% de la atención no remunerada en los servicios de urgencias en el año 2004. Esto se compara con más del 56% en el caso de los blancos.

Pero ni siquiera esas cifras representan el vacío fiscal colosalmente desproporcionado, e incluyen más cosas que a los inmigrantes.

El verdadero problema es el inverso: los inmigrantes pagan mucho más de su bolsillo que los estadounidenses corrientes en concepto de sanidad. La tercera parte de los inmigrantes no tiene seguro médico de ningún tipo, ni público ni privado. Entre los inmigrantes sin la ciudadanía, la cifra se eleva al 44%. Ninguna reforma sanitaria saldrá a cuenta ni será moralmente aceptable a menos que incluya a nuestros inmigrantes.

Edward Schumacher-Matos
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