E. Robinson

Premio Pulitzer 2009, Catedrático Neiman de Periodismo en Harvard y Editor de la sección Exterior del Washington Post.

 

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Eugene Robinson – Washington: La administración Obama está cometiendo un error garrafal en materia sanitaria. No hablo de la ofensiva final de la legislación integral de reforma, que es justa y necesaria. Me refiero a la venta de más de 100.000 remolques y casas prefabricadas contaminadas – una medida que puede poner enferma a la gente.

Los remolques son la herencia de la tibia respuesta de la administración Bush al Huracán Katrina. Fueron adquiridos por la Agencia Federal de Gestión de Desastres como vivienda temporal destinada a los desplazados de la Costa del Golfo, pero algunos de los inquilinos informaron de ardor en los ojos, garganta irritada, dolores de cabeza y hemorragias nasales.

El Sierra Club comenzó a analizar el aire del interior de algunos de los remolques en 2006 y concluyó que había presentes niveles inusualmente elevados de formaldehído. El gobierno esperó casi dos años, a medida que los partes de enfermedad se amontonaban, antes de anunciar en 2008 que todos los inquilinos de los remolques debían mudarse.

Las pruebas adicionales realizadas por el Centro de Control de Enfermedades y la Agencia de Gestión de Desastres descubrieron que, de media, la presencia de formaldehído en el interior de los remolques era del orden de cinco veces los niveles propios de un recinto cerrado. “La exposición prolongada a estas concentraciones puede relacionarse con un mayor riesgo de cáncer, y a concentraciones superiores a este margen también puede darse un mayor riesgo de enfermedades respiratorias”, reza el comunicado del Centro. El formaldehído es particularmente peligroso para las personas con asma o bronquitis.

El gobierno realizó sus exámenes en los meses de diciembre y enero, en los que las concentraciones del producto tóxico serían más reducidas. Las temperaturas más cálidas — como las propias de la zona de la Costa del Golfo la mayor parte del año – elevan significativamente las concentraciones.

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En enero, la Agencia accedió a vender 93.000 remolques y 9.300 casas prefabricadas — prácticamente todo el inventario que aún posee – a un precio simbólico. Los compradores son mayoristas que planean revender las viviendas prefabricadas, y cada habitáculo llevará una pegatina de advertencia de que sólo es para uso esporádico, no residencial. La teoría es que la exposición limitada y esporádica al formaldehído – como la propia de alguien que utiliza el remolque como almacén trastero, por ejemplo, o como refugio de caza de temporada — es más segura que la exposición constante fruto de vivir, comer y dormir dentro.

Sin embargo, el gobierno federal está vendiendo residencias prefabricadas en cuyo interior sabe que es peligroso vivir. Viniendo de una administración que dice creer en la protección del consumidor, esta no es forma de manifestar su interés.

La venta, fijada para finales de abril, debería ser suspendida.

No hay etiqueta de advertencia que pueda absolver de su responsabilidad subsidiaria al gobierno, a los mayoristas o a los minoristas eventuales de estos remolques y casas prefabricadas. Teniendo en cuenta el estado de la economía — en especial la pandemia nacional de desahucios y ejecuciones hipotecarias — es una locura simular que no va a haber familias que compren estas viviendas prefabricadas como residencia principal.

Los funcionarios decían al Washington Post que los remolques tendrán muy poca demanda porque muchos se encuentran en malas condiciones, habiendo permanecido durante tanto tiempo sin inquilinos y a la intemperie. Pero mi estimación es que si problemas como las humedades, los hongos y las fugas de propano abarataran aún más el precio a pie de calle, la cifra de potenciales compradores no hará sino aumentar. Las cosas están muy mal, y hasta un remolque mohoso – con una pegatina de advertencia — es un lugar más acogedor para dormir que el asiento trasero de un vehículo.

La Agencia Federal gastó 2.700 millones de dólares en adquirir los remolques y las viviendas prefabricadas y ha dedicado 220 millones más en concepto de almacén. Se espera que la venta de los remolques recupere 279 millones de dólares — una cantidad significativa, desde luego. Pero, ¿es correcto que el gobierno ponga a la venta un producto que sabe defectuoso? E incluso si los remolques se forran de adhesivos de aviso, quizá poniendo tibias y calaveras, ¿eso va a disuadir de los inevitables pleitos si los compradores enferman?

Estos remolques no tienen que ser vendidos, tienen que ser destruidos. Y la Agencia de Protección Medioambiental – ¿le suena la EPA? – tiene que imponer de una vez los estándares aceptables de concentración de formaldehído en recintos cerrados.

La agencia es consciente del problema desde hace más de dos décadas. A finales de la década de los 80, docenas de empleados del cuartel general de la agencia en Washington informaban de problemas respiratorios y otros síntomas tras unas reformas. Una de las sustancias químicas liberadas por los materiales de construcción recién instalados era, nada menos, formaldehído.

Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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