E. Robinson

Premio Pulitzer 2009, Catedrático Neiman de Periodismo en Harvard y Editor de la sección Exterior del Washington Post.

 

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Eugene Robinson – Washington. Los requerimientos de la historia pueden parecer inconvenientes, injustos o desproporcionados. Pero no pueden ser ignorados. La administración Obama tiene el deber legal y moral de determinar si se cometieron o no delitos imputables en la detención y el interrogatorio de los presos “de la guerra contra el terror” de la era Bush – y, en tal caso, procesar a los responsables.El Presidente Obama ha dejado claro que “él cree que debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás”, como dijo el lunes su portavoz, Bill Burton. Obama ha tomado medidas admirables para garantizar a la nación y al mundo que los peores abusos – el interrogatorio por ahogamiento, la detención indefinida, Abú Ghraib – no volverán a producirse.

La última maniobra de Obama, transferir la responsabilidad de interrogar a los sospechosos de “elevado valor” a una nueva unidad que informará a la Casa Blanca, trata de ofrecer mayores garantías contra la tortura y los abusos. No estoy muy seguro de lo que logrará – aleja el control de estos interrogatorios de la CIA y garantiza que se llevan a cabo bajo las estrictas normas del Manual de Campo del Ejército, pero me parece que el presidente debe ser capaz de ordenar sin más a la CIA que siga cualquier norma que especifique él. Tal vez el nuevo Grupo de Interrogatorio de Detenidos de Alto Valor garantice medidas de seguridad adicionales y una mayor transparencia, pero a primera vista su probable impacto parece más burocrático que operativo.

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Más hincapié en la idea hace la información de que el fiscal general Eric Holder ha decidido reabrir la cerca de una docena de casos de abusos a prisioneros por parte de funcionarios de la CIA y contratistas, con la vista puesta en posibles acciones judiciales. Dicha acción podría invertir la decisión tomada por el Departamento de Justicia bajo la administración Bush de dar carpetazo a estos casos. Según The Washington Post, Holder ha elegido al fiscal federal John Durham para dirigir la investigación.

Esto pondría en una posición difícil al fiscal general. Está bien; es un tipo duro, y cuando aceptó el puesto sabía que no iba a ser un camino de rosas. Sin embargo, Obama ha decidido no sólo adoptar una postura pasiva en la materia, lo que es un reconocimiento adecuado de la independencia de la fiscalía, sino reforzar su mensaje de “mirar hacia adelante” a la mínima. Sin tomar posición en torno a si deberían de producirse imputaciones, el presidente ciertamente parece estar insinuando una.

Obama se ha opuesto sistemáticamente hasta a una investigación exhaustiva de las violaciones de los derechos humanos y los posibles delitos cometidos por la administración Bush. Su reticencia es comprensible – pero se equivoca.

Habida cuenta de la ambiciosa agenda nacional de Obama, no podría esta dispuesto a perder tiempo y capital político en la investigaciones de las transgresiones que tuvieron lugar hace años bajo otro gobierno. Inconvenientemente, sin embargo, la tortura y los demás tratos crueles están claramente contra la ley. Se rumorea que Holder se ha decepcionado al leer la versión confidencial de un voluminoso informe sobre los abusos de la CIA. Si hay pruebas convincentes de que los crímenes fueron cometidos realmente, no veo cómo el principal funconario de las fuerzas de la ley en la nación – ni su comandante en jefe – podrían mirar hacia otro lado sin más.

Hay quien sostiene que tales acciones minarán la moral de la CIA. Pero dar carta blanca a interrogadores y carceleros que solo “cumplían órdenes” es injusto con aquellos de la cadena de mndo que sabían que estas presuntas prácticas estaban mal e intentaron impedirlas o interrumpirlas. El interrogatorio por ahogamiento, por citar tal vez el abuso más flagrante, ha sido tipificado por el gobierno estadounidense como crimen de guerra. Esta historia no puede haber sido desconocida para todos los empleados de la CIA y los contratistas.

Si la decisión difundida de Holder de reabrir los casos de la CIA da lugar a actuaciones judiciales, hay un resultado posible que todo el mundo debería encontrar inaceptable: que sólo los autores materiales sean imputados y juzgados. Las investigaciones adecuadas deben peinar la cadena de mando. En algunos casos, puede ser un empleado de nivel medio, que sobrepasó los límites claros y ordenó a los subordinados realizar actos que podrían haber tenido lugar en una mazmorra medieval. En otros casos, los actos ilegales, aparentemente, fueron aprobados en las más altas instancias. Los investigadores necesitan que se les permita seguir las pruebas hasta llegar a la cúspide – a la Casa Blanca, si es allí donde nos conduce el rastro.

No me hago ilusiones de que George W. Bush o Dick Cheney lleguen a ser procesados por el Departamento de Justicia. Pero yo quiero saber – y creo que la nación necesita saber – la verdad completa sin edulcorantes de lo que ellos y otros hicieron en nuestro nombre. Es probable que el doloroso escrutinio y la duradera desgracia sean las únicas sanciones a las que se enfrenten Bush y Cheney. Pero la historia exige al menos eso.

Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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