La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) fue “negligente” y deberá pagar parte de los sobrecostes de las obras. Es lo que ha determinado el DAB (Dispute Adjudication Board), uno de los organismos de arbitraje al que recurrieron Panamá y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para resolver el contencioso que estuvo a punto de suspender las obras de ampliación del canal. Se trata del fallo de la primera reclamación, aunque hay más, aún pendientes de dictamen.

(Foto: Flickr/Canaldepanama)

El DAB considera que el consorcio formado por Sacyr, Impregillo, Jan de Nul y Cusa tenía razón ya que: “La documentación previa al contrato no contemplaba las condiciones reales de acceso al basalto ni de su calidad”. Y se añade que dada “la importancia de esta cuestión en el precio de la oferta, el contratante (ACP) fue negligente”.

La resolución, que es vinculante, afirma además que la ACP usó de manera “injusta” las clausulas del contrato con el fin de eludir “su propia negligencia”. Y falla también a favor del consorcio liderado por Sacyr en cuanto a los retrasos “injustificados” en la aprobación de la mezcla del hormigón por parte de la ACP.

Estas dos reclamaciones eran por un valor total de 463 millones de dólares. En la sentencia, el DAB dictamina que la Autoridad del Canal de Panamá deberá pagar 233 millones a GUPC. Sin embargo existe una larga lista de reclamaciones pendientes entre ambas partes que suponen un valor total de 2.300 millones de dólares.