Hace un mes, una jueza de Ceuta decretó el procesamiento de 16 guardias civiles por la muerte de 14 personas por su actuación en la frontera de El Tarajal en 2014 al ver «indicios de homicidio por imprudencia». Ahora, la misma magistrada acaba de anunciar que archiva la causa tras los recursos de Abogacía del Estado, la Fiscalía y las defensas particulares «exclusivamente por aplicación de la doctrina Botín», al no personarse ni el fiscal, ni una acusación particular.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María de la Luz Lozano Gago, mantiene que sigue viendo «indicios de criminalidad» en la actuación de los 16 guardias civiles que dispararon pelotas de goma y botes de humo intentando contener a un grupo de unos 300 inmigrantes cuando nadaban para entrar irregularmente en Ceuta. Pero explica que ha aceptado el recurso de forma del Ministerio Fiscal, aceptando la llamada «doctrina Botín» establecida por el Tribunal Supremo en 2007 y según la cual la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a un investigado si no acusa también la Fiscalía o la víctima del delito.

La jueza ha justificado el sobreseimiento asegurando: «Estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha, por lo que no siendo posible en este caso abrir juicio oral».

Se da la circunstancia, según recuerda ElDiario.es de que las familias de seis víctimas del Tarajal, procedentes de Camerún, solicitaron en dos ocasiones su personación como acusación particular en el caso que investiga la muerte de sus parientes, pero el juzgado de Ceuta lo rechazó.

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