Tras la muerte de Franco, ha habido numerosos intentos de historiadores, periodistas y familiares de contar la historia de la represión, oculta durante 40 años. Pero muchos veces, a la hora de dar nombres y apellidos de los implicados, se han vivido situaciones de censura, incluso amaparada por los tribunales, y persecución para acallar a quienes querían revelar estas historias. El libro del historiador Francisco Espinosa “Callar al mensajero”, al que el diario Publico dedica un reportaje, se hace eco de 12 casos en los que se trató de silenciar las denuncias.

Francisco Espinosa

El primer caso importante se dio en 1977. Fernando Ruiz Vergara grabó para un documental a un vecino de Almonte (Huelva), Pedro Gómez Clavijo, contando que una banda de criminales había urdido la represión franquista en su pueblo. Y dio el nombre de José María Reales. Su familia, quien lo consideraba “un caballero español”, interpuso una querella contra Ruiz Vergara, la guionista y el mismo Gómez Clavijo. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1984 ordenó censurar la secuencia del film y condenó a su director a pagar una indemnización.

Para Francisco Espinosa fue una sentencia ejemplarizante y “un aviso para todos los que estábamos metidos en la investigación de la represión”. Sin embargo él ha seguido documentando historias y en su libro aparecen otros muchos casos, algunos bastante recientes.

La prominente familia catalana Trias Sagnier demandó a la periodista Dolores Genovés y a la televisión pública TV3 por la emisión en 1994 del reportaje Sumaríssim 477, en el que se hacía una semblanza biográfica del político catalán Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de Unió Democràtica de Catalunya que fue sometido a Consejo de Guerra y condenado a pena de muerte. En el programa se aludía dos veces a Carlos Trias Bertrán, padre de los recurrentes, quien declaró entonces contra Carrasco.

En septiembre de 2006, un juez de primera instancia de Cambados (Pontevedra) ordenó cerrar como medida cautelar una web en la que estaba colgado el testimonio de Ramón Garrido, ya fallecido, en el que se hacían referencias directas a Joaquín Álvarez, alcalde de O Grove (Pontevedra), durante la dictadura de Primo de Rivera y, luego, durante la franquista, imputándole que se dedicaba a realizar listas de paseados. El juez consideró que Garrido se basaba sólo en rumorología y dictó la clausura.

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