La firma Edgewater Exploration LTD ha iniciado acciones legales para exigir una indemnización a España por cancelar el gobierno gallego los derechos de explotación y la autorización para abrir una mina de oro en Corcoesto, provincia de La Coruña. Si España no accede a su petición de “reparación por la pérdida de inversión”, aseguran que recurrirán a tribunales de arbitraje internacionales.

(Foto: Flickr/Seefit)

El proyecto de la mina estaba promovido por una filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto SLU, que adquirió en 2010 los derechos de tres concesiones de cerca de 2.000 acres (810 hectáreas) en la zona. Las prospecciones revelaron que podía haber 1,027 millones de onzas de oro allí. Esto provocó una moderna “fiebre del oro” en la localidad, pero también un gran rechazo social por el enorme impacto medioambiental que supondría la explotación.

Sin embargo, el pasado 6 de octubre, la Xunta declaró “caducados” los derechos de explotación de la mina que tenía Edgewater por no cumplir los requisitos económicos y de solvencia financiera fijados. Esto supone el fin del proyecto de la mina que inicialmente contó con el apoyo del gobierno regional .

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Ahora Edgewater esgrime que ha invertido más de 35 millones de dólares (21 millones de euros) en la mina de Corcoesto y que la caducidad de los derechos es “manifiestamente ilegal” y una “violación de las obligaciones de España en virtud del derecho internacional”. Y anuncia que ejercerán todas las medidas a su alcance para proteger sus derechos e intereses. El primer paso es pedir una indemnización al gobierno español que según La Voz de Galicia podría superar los 200 millones de euros ya que la firma no se limita a reclamar el importe invertido, sino que añade las pérdidas por no poder extraer las cuantiosas reservas de oro.

Pero dado que España tiene plenos poderes en políticas medioambientales y que esta vía tiene pocas posibilidades de prosperar, la empresa planea llevar su reclamación a tribunales de arbitraje internacionales. Para ello han contratado ya a Three Crowns, una firma internacional especializada en arbitraje.

Y aunque Edgwater es canadiense, su filial Mineira de Corcoesto SLU, tiene su sede en Panamá. Por lo que el presidente de la compañía George Salamis ha asegurado que tienen intención de invocar el tratado bilateral entre España y Panamá, BIT, para recurrir a los tribunales de arbitraje previstos. Nueva Tribuna advierte de que esto podría terminar suponiendo el pago de una compensación millonaria a la empresa, y recuerda otros casos en los que grandes compañías, como Occidental Petroleum Corporation o Vatenfall, han usado este recurso logrando beneficios económicos y luchar contra decisiones políticas contrarias a sus intereses.