La Comunidad de Madrid ha presentado un plan, de forma intempestiva e imprevista, proponiendo una modificación radical de la prestación de servicios sanitarios en una parte significativa de los hospitales madrileños. Exactamente aquellos que construyó en 2008 financiados por la iniciativa privada de constructoras y entidades financieras (excepto el Hospital Puerta de Hierro que por razones de tamaño y complejidad la gestión privada no desea gestionar, al menos no sin Atención Primaria…).

Más allá de la respuesta rápida del argumento ideológico hay mucha gente que se pregunta porqué ahora y porqué de esta manera. La susceptibilidad está justificada, los promotores tienen un currículo impecable como neo liberales (el Consejero de Madrid fue Secretario General de FAES) o como planificadores de la sanidad privada (el Director General de Hospitales es una de los asesores de la sanidad privada más relevantes de los últimos 30 años).

Sin embargo, conviene profundizar porque este asunto no tiene nada de frívolo. Entre líneas cualquiera puede llegar a conclusiones más firmes leyendo las declaraciones de unos y otros, que sin invalidar la puramente ideológica, muestran una cara que aún no es del dominio público. La Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el Gobierno de España respecto a 1.000 millones de euros que debido al sistema de reparto de la financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA), en el contexto de la crisis, perjudica a las Comunidades más ricas.

Vuelve a presentarse de esta forma la quizás paradójica, pero habitual similitud de políticas entre Cataluña y Madrid de los últimos tiempos. Ante problemas similares, creados por las mismas políticas basadas en la “prosperidad infinita”, mientras unos se envuelven en la Senyera, los otros abrazan el Reganismo Tacheriano… con resultados similares. El Gobierno actual, como es lógico -supongo que ningún elector del PP se sentirá sorprendido por ello, se opone de manera radical a las pretensiones secesionistas, mientras calla en las fórmulas privatizadoras. Mientras tanto la Comunidad de Madrid terminará por volver a arrastrar al resto de CCAA a un modelo sanitario que no es más que una huida hacia delante, y por ello debe ser tratado por Gobierno y Oposición como lo que es un asunto de Estado y no de las CCAA.

En términos económicos el planteamiento del Gobierno de Ignacio González, sobre el papel, es positivo: cesión de la gestión a una empresa por una cantidad de dinero inferior al presupuesto público. Es decir, al menos en el ejercicio 2013, Sanidad podrá “ahorrar” millones de euros (no sabemos cuántos) cediendo a 1 de enero de 2013 el presupuesto a otros… Por ser precisos, en lugar de “ahorro” deberíamos decir “período de carencia del pago real”…

Ni la “literatura médica” (en este caso “gestora”), ni la experiencia, ni la valoración que hacen las Autoridades Europeas son positivas . De hecho las advertencias del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2008 fueron claras: el papel lo soporta todo, y aunque el modelo PFI -sobre el papel no computa como déficit- era evidente, como luego se demostró, que el riesgo recaía sobre el Estado y el Contribuyente. Además obvia el “driver” fundamental de la incipiente industria sanitaria, que no es otro que la especulación de los grandes fondos de inversión en una apuesta de larga duración por dominar el sector sanitario en España, aún con mucho recorrido en términos de PIB (España gasta aproximadamente un 9.5% del PIB en salud, mientras Francia o Alemania ya están en 12%. EEUU tiene un gasto cercano al 20%). Las lagunas de la más abolenga tradición española del oscurantismo y la falta de información transparencia de las Administraciones Públicas debería resultar vergonzosa para cualquier ciudadano viajado.

En términos sanitarios debemos reconocer que no se plantearán problemas de atención, ni de calidad, ni tampoco se cobrará a nadie de forma inmediata, pero resulta difícil de creer que -tal como nos ha demostrado la experiencia- no lo terminemos pagando en (nada) cómodos plazos. Pero esto no es un efecto de la bondad del gestor privado, si no del tamaño de los hospitales propuestos para ceder su gestión (hospitales pequeños, de baja complejidad, es decir razonablemente previsibles presupuestariamente).

La sanidad privada tiene su espacio, y ha sido y es un importante colaborador del Sistema Nacional de Salud en diversas fórmulas (MUFACE, Listas de Espera, etc.), pero la pretensión alternativa de que el gestor público es incompetente por definición tampoco parece acertada. La sanidad pública tiene importantes lagunas de gestión, en muchas ocasiones fomentadas por la gestión política, pero la forma de resolver este problema no puede ser incidir en fórmulas fracasadas que son un “tsumani con resaca” para todo el Sistema.

Efectivamente, la experiencia dice que estos modelos de cesión de prestación de servicios terminan siendo rescatados con dinero del contribuyente (Alzira, las PFI de Madrid, etc.), y por ello la Troika prohíbe estas fórmulas en sus famosos MOU de rescate. El error vuelve a producirse, cuando el Ministerio de Sanidad debe gobernar el Sistema Nacional de Salud se inhibe en el argumento de la autonomía de las regiones de España. No hemos aprendido nada de 2007 en adelante…

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