«Las altas tasas de pobreza en España están entre las peores de Europa y son una opción política». Así empieza el informe sobre exclusión social que ha elaborado Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos tras una misión de investigación de 12 días por España. Sus conclusiones son demoledoras. Acusa a los políticos de «haber fallado por completo» a las personas en situación vulnerable, pero también critica el sistema educativo segregado y la mentalidad burocrática que «arrastra deliberadamente» a numerosas personas a la pobreza.

El informe de Alston, del que se han hecho eco medios internacionales como The Guardian -que de hecho ha estado informando del viaje y las visitas del experto- o The Telegraph, enfatiza que a pesar de que España está prosperando económicamente, hay demasiada gente que sigue atravesando dificultades. Denuncia que «muchos se han quedado atrás porque las políticas económicas post-recesión benefician a las empresas y los ricos mientras los grupos menos privilegiados sufren unos servicios públicos fragmentados y recortados».

El experto de Naciones Unidas apunta que «España debería mirarse de cerca en el espejo» pero advierte de que el resultado no es el que desearía la mayoría: «una pobreza generalizada, un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno».

Entre los aspectos criticado también están la «casi inexistente» vivienda de bajo coste, los derechos sociales que «rara vez se toman en serio», que las empresas estén pagando la mitad de impuestos que antes de la crisis y a pesar de tener fuertes beneficios» y la existencia de barrios pobres «con condiciones mucho peores que campos de refugiados».

Y el único aspecto «positivo” que encuentra el relator, “es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social». Aunque advierte de que «los desafíos son grandes”. En este sentido destaca que España necesita ahora «un liderazgo innovador a escala nacional». Y recuerda que la pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”

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