La organización recuerda que «el sector agrícola es uno de los más vulnerables ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad» y propone una serie de medidas en favor de «un sistema alimentario justo y sostenible en Europa».

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Por un lado, «financiar a los agricultores, y no las hectáreas».  Apuntan a que el dinero público de la UE está «alimentando la desigualdad al enriquecer aún más a las grandes explotaciones industriales, mientras que la agricultura de pequeña escala va desapareciendo». Critican que «cuantas más tierras, más dinero reciben, independientemente de lo que produzcan o de cómo se cultive y cuide la tierra».

De ahí que consideren que la política agrícola de la UE «debe ser radicalmente reformada» para que el dinero público «apoye a las personas agricultoras y a las comunidades locales».

También insisten en la idea de primar la alimentación de personas, «no de animales», argumentando que  en la UE, «el 71% de la superficie agrícola total se utiliza para alimentar animales». Y que, si se usaran más tierras agrícolas para producir alimentos directamente para las personas «necesitaríamos mucha menos superficie agrícola para la producción de alimentos saludables a nivel mundial».

Insisten en «abandonar el modelo de ganadería industrial». Y obtener así «menos y mejor carne proveniente de la ganadería extensiva y ecológica». Así como «más alimentos de origen vegetal, ecológicos, locales y de temporada». Siendo «garantía de más empleos de calidad en el sector agrícola y de un mundo rural vivo».

El tercer punto defiende «más alimentos de origen vegetal» para una «mejor salud». Proponiendo que la UE y los gobiernos nacionales establezcan objetivos «para reducir el consumo excesivo de carne y lácteos».

Y, por último, proponen «financiar la producción de alimentos, no los combustibles y el comercio globalizado». Recuerdan que Europa «ya se encuentra entre los principales exportadores mundiales de carne y lácteos». En el caso de España, afirman que es el cuarto productor mundial de carne de cerdo.

La solución, dicen, es que «en lugar de utilizar el dinero público para la producción de cultivos para combustibles, debemos invertirlo en la creación de un nuevo sistema alimentario que produzca menos y mejores alimentos para las personas».

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