El Ministerio de Industria ha decidido prolongar la vida de la plataforma Casablanca en Tarragona y permitir a Repsol seguir extrayendo crudo diez años más. Se trata de la única explotación de crudo en el mar que funciona en España y según explica un artículo de Manuel Planelles en El País, a pesar de tener un rendimiento bajo, el Gobierno ha optado por permitir que siga operando hasta el 2025.

(Foto: Fickr/Elcoleccionistadeinstantes)

La plataforma Casablanca está situada a 42 km. de Tarragona y se eleva 75m sobre el nivel del mar. Empezó a operar en 1982 y en promedio extrae alrededor de 5.000 barriles de crudo diarios del yacimiento y de seis pozos: Rodaballo, Boquerón, Barracuda, Chipirón, Lubina y Montanazo. Esto constituye un rendimiento más bien bajo, ya que una cifra normal en este tipo de instalaciones suele ser 100.000 barriles. Para ponerlo en contexto, los 5.000 barriles que se extraen de Casablanca cubren alrededor del 0,3% del consumo total diario de petróleo de España.

La instalación está dividida en tres partes: la plataforma fija, construida en una zona con una profundidad de 161 metros; los pozos submarinos, conectados a la plataforma y controlados por control remoto; y el oleoducto que traslada el crudo desde el mar a la terminal costera, para su posterior distribución en el Complejo.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar dos reales decretos en los que se otorga una prórroga de diez años —hasta el tres de diciembre de 2025— a las concesiones denominadas Angula y Rodaballo. Otros dos pozos empezaron a funcionar en 2012 y tienen una concesión para 30 años, por lo que Repsol podrá seguir operando sin problemas la plataforma mientras lo estime oportuno.

Los ecologistas han lamentado la decisión del Gobierno y aseguran que la plataforma de Tarragona ha sido responsable de al menos 16 vertidos contaminantes al mar entre 2001 y 2013. En el más grave de estos incidentes, sucedido en 2009, acabaron en las aguas 130.000 litros de crudo.  Y a pesar de que en 2011 Repsol anunció una inversión de 130 millones de euros para “minimizar el riesgo” de vertidos, Greenpeace sigue considerando que la plataforma es un riesgo “inasumible e inncesario”.