Los principales diarios de Alemania y Francia se hacen eco del proyecto de ley del PP para acabar con el principio de jurisdicción universal. Señalan que el gobierno español se ha apresurado a tomar medidas contra esta legislación poco después de recibir quejas de Pekín por una orden de arresto contra ex dirigentes chinos.

Frankfurter Allgemeine Zeitung apunta que España frena la “justicia universal”… también por el bien de China. La crónica de Leo Wieland dice: “El último escándalo diplomático causado por la `justicia universal´ española data del pasado mes de noviembre. En aquel momento, la Audiencia Nacional de Madrid emitió orden de captura contra líderes políticos chinos por su presunta participación en el genocidio en el Tíbet´, entre ellos contra el ex presidente Jiang Zemin. El gobierno chino convocó acto seguido al embajador español para transmitirle su `profundo disgusto´ y amenazó indirectamente con sanciones económicas.

 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy se preguntó entonces si España debería tomarlas precisamente ahora con uno de sus principales países acreedores. De hecho, la participación de la República Popular China en la deuda pública española asciende a casi una quinta parte. Por lo tanto, el activismo internacional de los jueces de instrucción españoles, que comenzó con el auge de Baltasar Garzón, entretanto inhabilitado, pronto deberá llegar a su fin.”

Le Monde resalta que el PP dice adios, con prisa,  al principio de jurisdicción universal dos meses después de las protestas chinas. El texto de Sandrine Morel dice: “Las quejas de China no son sin duda ajenas. El gobierno español se prepara para tachar el principio de `jurisdicción universal´, defendido por el ex magistrado Baltasar Garzón, en 1998 para emitir una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y que daba competencias a jueces españoles en casos de crímenes contra la humanidad, guerra o genocidio. Algo que ha provocado puntuales tensiones diplomáticas que a Madrid le habría gustado ahorrarse.

 

La última: en noviembre, Pekín expresó su `profundo malestar´ después de que un juez español emitiera una orden de arresto contra cinco dirigentes comunistas chinos. Dos meses después, el 23 de enero, el Partido Popular tomó nota de estas amenazas y presentó un proyecto de ley para limitar los poderes de los jueces a crímenes que impliquen a al menos un acusado de nacionalidad española o residente en España. Esta reforma es el fin del principio de justicia universal. El gobierno español parece tener una particular prisa en quitarse una espina del pie.”

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