La prensa extranjera se hace eco de la orden de detención del ex presidente chino, Jiang Zemin dictada por el Juez Moreno. Recogen las «enérgicas» protestas chinas… y la consiguiente decisión del gobierno español de limitar la ley que permite a los magistrados nacionales la jurisdicción universal.

El New York Times destaca que el gobierno quiere refrenar la ley de justicia universal. Dice: «Durante casi dos décadas, los jueces españoles han sido provocadores del derecho penal internacional. El producto de sus cruzadas contra muchas de las figuras más poderosas del mundo, rara vez, si alguna, dieron lugar a juicios en España. Pero han influido en los casos en otros países, sobre todo Argentina, y son una molestia innegable para cualquiera nombrado en una orden internacional. Y también han complicado la diplomacia de manera impredecible.

 

Lo que nos lleva a China. El lunes por la tarde, la Audiencia Nacional de España ordenó una orden internacional de arresto contra el ex presidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng dentro de un caso de presuntas violaciones de derechos humanos en Tíbet. Enfurecidos, los diplomáticos chinos presionan al gobierno español para parar la instrucción. Y el martes, se espera que el Parlamento español debata y eventualmente apruebe un proyecto de ley que haría exactamente eso: desestimar el caso contra China y reducir el margen de actuación para los jueces.»

CNN apunta que un juez español ordena detener al ex presidente y primer ministro chinos. Explica: «El juez Ismael Moreno ha dictado órdenes de detención contra Jiang Zemin y Li Peng por presunto `genocidio, tortura y crímenes contra la humanidad´ en Tibet, y ha ordenado que sea enviada a la Interpol, la agencia internacional de policía. Las órdenes en su contra y en la de otros tres altos funcionarios chinos son el último capítulo de una demanda de larga dureación por parte de grupos pro-tibetanos y un ciudadano con doble nacionalidad tibetana-español que buscan una acción legal internacional contra algunos funcionarios chinos.

 

Es seguro que los ex funcionarios no serán detenidos en China, pero hay una `posibilidad media» de que lo sean si van al extranjero `según a qué país y a su ética´, dijo Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tíbet con sede en Barcelona.»

Reuters señala que el caso contra los funcionarios chinos ha provocado una reprimenda de Pekín y una ley del PP. Recoge: «Un juez español solicitó el lunes la detención del ex presidente y primer ministro de China por las acusaciones de genocidio en Tíbet, en un caso de ocho años de duración, que ha provocado una fuerte reprimenda de Beijing. `(China) está extremadamente insatisfecha y resueltamente opuesta a las equivocadas acciones de este relevante órgano español, tomadas sin tener en cuenta la solemne posición de China´, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores que respondería a España.

 

El caso podría no progresar al estar impulsando el gobernante Partido Popular de España una ley para limitar la capacidad de los jueces para perseguir los casos de jurisdicción universal, el principio bajo el cual los crímenes contra la humanidad pueden ser procesados fuera de las fronteras.»

RTBF subraya que la orden contra Jiang Zemin llega en plena polémica por la reforma de la justicia universal. Asegura: «El juez español que investiga una denuncia por `genocidio´ en el Tíbet entre los años 1980 1990, confirmó el lunes una orden de captura internacional contra el ex presidente chino Jiang Zemin, en plena pplémica por la reforma de la justicia universal. China protestó enérgicamente y exigió explicaciones al gobierno español, que ha adoptado un proyecto de ley para restringir el concepto de justicia universal, criticado por Amnistía Internacional.»

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