El Parlamento Europeo aprueba que la Unión Europea reconozca el acceso a una vivienda digna y asequible como un derecho humano y que adopte medidas para que no haya más personas sin hogar. La resolución aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones señala que una vivienda digna debe incluir «acceso a agua potable de calidad, saneamiento e higiene adecuados, así como conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas».

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Los eurodiputados piden que se introduzcan requisitos mínimos obligatorios para unos hogares saludables, incluida la calidad del aire interior. También demandan a la Comisión Europea y los países que den prioridad a la reducción de las emisiones y a la eficiencia energética mediante la renovación de viviendas.

El texto insta a los Estados y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas. Para ello, proponen impulsar la transparencia de los alquileres y apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos.

Recuerdan que la vivienda es considerada asequible cuando la persona o familia cuenta con presupuesto suficiente para atender otros gastos esenciales, pero los eurodiputados advierten de que más del 25% de los inquilinos europeos en el mercado libre dedican a la vivienda más del 40% de la renta del hogar.Además, la Eurocámara pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que protejan mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios, «que deben evitarse, también tras procesos de renovación».

También urgen a acabar con el problema de las personas sin hogar para 2030. En muchos Estados miembros, la tasa de personas sin hogar ha aumentado en la última década por el incremento de los costes de la vivienda y el recorte de los programas sociales y la suspensión de las ayudas. La resolución hace hincapié en que, en la UE, cada noche, al menos 700.000 personas duermen en la calle o en albergues, el 70% más que hace diez años.

El Parlamento reitera su petición de establecer un objetivo para toda la UE de acabar con el problema de las personas sin hogar antes de 2030. Los eurodiputados reclaman que se mantengan las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis del COVID-19, como la suspensión de los desahucios y la interrupción de los suministros y la provisión de vivienda temporal.

En el caso particular de España, según cifras de Eurostat de 2018, el 8,9% de la población española destina más del 40% de sus ingresos a su gasto en vivienda, una cifra ligeramente inferior a la media comunitaria, que se sitúa en el 9,6%, y muy alejada de datos como el de Grecia, donde el 39,5% de los ciudadanos gasta casi la mitad de su salario en su vivienda.

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