Los eurodiputados de Unidas Podemos han solicitado a la Comisión Europea que analice si la Conferencia Episcopal española está cometiendo una ilegalidad al transferir millones de euros a 13TV con el superávit de lo que ingresa gracias a la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF. Las leyes europesa prohíben taxativamente utilizar fondos o ayudas estatales para empresas privadas.

En 2019, los obispos recibieron de las arcas del Estado 268 millones de euros, cuyo destino y control queda muy lejos de los estándares recomendados por la Unión Europea, según ha señalado el Tribunal de Cuentas en un informe del que se hace eco ElDiario.es en un artículo de Andrés Gil. Y se pone especial énfasis en los fondos destinados a una empresa privada como TRECE (la antigua 13TV), que en los dos últimos ejercicios recibió 20 millones de euros -nueve millones en 2016 y once millones en 2017-, sin ningún tipo de control.

Fuentes comunitarias indican que es potestad de los Estados evaluar si una medida implica ayuda estatal que debe notificarse de conformidad con las normas de la UE. Esto deja en manos del Gobierno español determinar si la Iglesia está incumpliendo con 13TV la prohibición de utilizar fondos o ayudas estatales para empresa privadas. Y de momento Podemos ya ha presentado una pregunta parlamentaria en la que comunican el informe del Tribunal de Cuentas y plantean que se puede estar vulnerando el artículo 107 del Tratado Fundacional de la UE.

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