Las tres principales agencias internacionales de rating han intentado, de forma reiterada, “alterar los precios en los mercados” en beneficio propio y de sus clientes con un grave perjuicio económico para el erario público y los pequeños ahorradores en España. Es lo que sostiene la querella criminal que prepara una decena de abogados y que, segun revela el diario Público, presentarán ante la Audiencia Nacional.

Standard & Poor´s
(Foto: Flickr/Funky tee)

Recurrirán a la vía de la acusación popular en nombre de la Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales. La querella es una iniciativa que imita movimientos similares emprendidos en EEUU por la propia Fiscalía y que persigue que la agencias de rating, que según todos las valoraciones jugaron un papel clave en el origen de la crisis al respaldar los productos basura, tengan que rendir cuentas.

También se señala que tanto Moody’s, Standard & Poor’s como Fitch han contribuído a agravar los problemas financieros de muchos países al degradar las notas de la deuda pública, entre ellas la española. Y se denuncia que los principales compradores de deuda pública son a su vez los principales clientes de las agencias y, por tanto, beneficiarios de que los estados tengan que pagar un interés mayor para colocar su deuda en los mercados.

Un equipo de abogados españoles dirigidos por Gonzalo Boye y Jaume Asens ha preparado una querella de casi 50 folios centrada en los efectos que las agencias han causado en España. Asegura que el “conflicto de intereses”, que han puesto de manifiesto todos los informes elaborados tras la crisis, está tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal español.

Estos artículos persiguen la alteración artificial de los precios a partir de la difusión de información engañosa o haciendo uso de información privilegiada y prevén penas de multa e incluso de prisión: entre seis meses y cuatro años.

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