Avances en la transparencia y una ley para acceder a la información pública
Jose Luis Rodriguez Zapatero acaba de anunciar que ha dado luz verde a la materialización de una una ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las Administraciones Públicas, salvo en materia de secretos oficiales o de protección de datos. Y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ultima un Código de Buen Gobierno que permitirá conocer los bienes y sueldos de todos los alcaldes. Son los dos últimos avances que impulsan en España un democracia más transparente.
La Ley de Acceso a la Información Pública era una de las promesas electorales del presidente del gobierno y era algo que los periodistas llevaban años pidiendo. De hecho Zapatero lo ha anunciado en la 64ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a más de 3.000 asociaciones de periodistas y medios, y donde se defendió la necesidad de una norma que garantice el acceso «libre y gratuito» de los ciudadanos a los archivos y registros públicos.[VIDEO]
La ley estará dirigida a los periodistas que hacen información y, en segundo término, a los cargos públicos que se la proporcionan -algunos, como directores, subdirectores o asesores de comunicación en las instituciones, en su mayoría, también periodistas-. Aunque de momento el presidente no ha dado detalles de los términos de esta nueva norma.
En cuanto a la transparencia en los Ayuntamientos, la FEMP ha explicado que el Código en el que trabajan y que esperan tener finalizado para dentro de un mes, incluirá un baremo para determinar el sueldo de los regidores locales en función de la población, y la obligación para alcaldes y concejales de entregar una nota a los medios de comunicación con su patrimonio, «cuentas corriente» y otros recursos.
También se fija que los regidores públicos deberán dar cuenta de sus recursos en la página web del ayuntamiento o en los «blog» respectivos. En palabras del preisdente de la FEMP, Pedro Castro se trata de que esa declaración de bienes «no esté sólo en los despachos» sino en la calle.
