Cinco retos urgentes para que Europa pueda llegar a frenar la desinformación

Aunque la manipulación de la información y las noticias falsas han existido siempre, con la irrupción de internet y ahora de la inteligencia artificial, su potencial se ha disparado convirtiéndose en un arma de doble filo que amenaza la democracia y el orden mundial. Se trata de un marco que entra de lleno en la libertad de expresión, pero desde la Unión Europea se ha optado por dar una respuesta legislativa. Se ha calificado la desinformación de «amenaza híbrida» y se han aprobado varias normas para acotarla. En The Conversation señalan los cinco retos que aún tiene pendiente la UE para ser capaz de reducir el problema. Y señalan que se han abierto vías de solución que invitan a cierto optimismo.

Susana Sanz Caballero, Universidad CEU Cardenal Herrera; Almudena Del Castillo Santamaría, Universidad CEU Cardenal Herrera; Enrique Roger Belloch, Universidad CEU Cardenal Herrera y Zitan Peng Hao, Universidad CEU Cardenal Herrera

El fenómeno de las fake news en la era digital no es nuevo. La desinformación ha existido siempre, desde el Imperio romano y en etapas posteriores como forma de condicionar e influir en conflictos sociales, rivalidades políticas y tensiones por el poder. Sin embargo, desde la irrupción de internet y, más recientemente, de los sistemas de inteligencia artificial (IA), ha crecido exponencialmente.

El contexto geoestratégico actual constituye un caldo de cultivo perfecto para que la desinformación en el entorno digital se reproduzca con mayor facilidad e impacto, convirtiéndola en un arma de doble filo.

La libertad de expresión es un derecho fundamental en democracia, pero su uso indebido puede convertirse en una herramienta para desestabilizar sistemas políticos y sociedades democráticas, dificultando la existencia de un ecosistema informativo veraz y fiable.

La respuesta legislativa de la Unión Europea

La desinformación se ha convertido en uno de los principales problemas regulatorios para la Unión Europea en su labor de protección de las garantías democráticas. Hoy, la desinformación se considera un tipo de “amenaza híbrida”, un concepto de difícil definición que remite a la idea de un uso combinado de instrumentos de naturaleza diversa (políticos, económicos, informáticos, etc.) con el objetivo de desestabilizar un Estado empleando métodos que a menudo pasan desapercibidos.

Frente a este problema, la búsqueda del equilibrio entre libertad de expresión y lucha contra la desinformación es una necesidad cada vez más acuciante. La Unión ha desplegado su maquinaria legislativa para desarrollar un marco normativo amplio que permite abordar este escenario con estas tres leyes principales:

• Ley de Servicios Digitales (DSA): establece criterios de selección de contenidos y obligaciones de transparencia para las plataformas digitales.
• Ley de Mercados Digitales (DMA): busca garantizar un sector digital competitivo y justo, así como la seguridad de los usuarios en línea.
• Ley de Medios (EMFA): establece el marco común comunitario para proteger la libertad, el pluralismo y la independencia editorial de los medios.

Contenidos manipulados o dependencia tecnológica

Aunque el esfuerzo de la Unión por regular esta cuestión es muy bien recibido, su aplicación práctica no está exenta de desafíos como estos cinco:

1. Crecimiento masivo de contenidos manipulados: la facilidad para crear y difundir información ha degradado la integridad del ecosistema informativo, destacando el auge de deepfakes e información en zonas grises que requieren de la asistencia de verificadores para comprobar su veracidad.
2. Falta de neutralidad y captura informativa: los algoritmos no son neutrales, priorizan el sensacionalismo para maximizar beneficios, generando una “captura informativa” donde las plataformas deciden qué contenidos llegan a los usuarios (la “prohibición en la sombra” o shadowbanning).
3. Privatización de moderación de contenidos: actualmente, el 99 % de las decisiones de eliminación de contenidos las toman empresas privadas bajo sus propios términos, mientras que la intervención judicial es mínima (0,001 %).
4. Desinformación como guerra híbrida: actores extranjeros utilizan la manipulación informativa como herramienta de desestabilización geopolítica y polarización social.
5. Vulnerabilidad ciudadana y dependencia tecnológica: la exposición repetida a narrativas falsas aumenta la probabilidad de creer en ellas, especialmente ante la falta de infraestructuras digitales propias de la UE.

Una buena noticia: hay luz al final del túnel

Pero no todo son malas noticias. Aunque este fenómeno se ha instaurado con fuerza, existen vías de solución que invitan a cierto optimismo:

• Trazabilidad de contenidos generados por IA. De conformidad con análisis especializados sobre ecosistema mediático híbrido, es vital fomentar contenidos basados en evidencias y mejorar técnicamente el etiquetado de contenidos generados por IA para proteger el discurso cívico.
• Imposición de obligaciones estrictas de transparencia que exijan a las empresas explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendaciones (feeds) y el diseño transparente de estructuras digitales.
• Reforzar el derecho del usuario a la información sobre los motivos de restricciones de contenido y asegurar la independencia de los reguladores nacionales para evitar el riesgo de autocensura (chilling effect).
• Aplicar sanciones contra entidades responsables, suspender licencias de medios de propaganda estatal, fortalecer la cooperación estratégica entre instituciones, actores privados y la ciudadanía. Las plataformas digitales, especialmente durante periodos electorales, deberían indicar expresamente si el contenido ha sido patrocinado por Estados terceros.
• Implementar planes de alfabetización mediática en la formación reglada, siguiendo modelos de éxito (Finlandia, Estonia) e invertir en soberanía tecnológica europea con la creación de centros de datos a escala europea.

Combatir la desinformación no depende solo de contar con un marco normativo estable. Reforzar la transparencia, limitar las injerencias políticas y combatir la manipulación informativa requiere voluntad política y una estrecha coordinación entre actores estatales y no estatales: operadores económicos, plataformas digitales, medios de comunicación, organismos reguladores, la comunidad académica y la sociedad civil.

Restaurar la confianza e integridad de los sistemas de información es esencial para frenar la desinformación en Europa.

Susana Sanz Caballero, Catedrática de Derecho Internacional Público y Cátedra Jean Monnet de la UE, Universidad CEU Cardenal Herrera; Almudena Del Castillo Santamaría, Ayudante de investigación predoctoral en Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Público, Universidad CEU Cardenal Herrera; Enrique Roger Belloch, Profesor Colaborador UCH CEU, Universidad CEU Cardenal Herrera y Zitan Peng Hao, Profesor Colaborador de Derecho de la Unión Europea y Derecho Presupuestario de la Unión, Universidad CEU Cardenal Herrera

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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