Las compañías eléctricas podrían recurrir la decisión del cierre de Garoña en 2011 alegando lucro cesante y los problemas para el Estado no serían pocos, ni sencillos de resolver. Así lo piensa por lo menos la Abogacía del Estado.

Según esa tesis, que comparten altos cargos del gobierno,  la decisión de cerrar Garoña en 2013 acarrearía menos inconvenientes. La pelota queda así de nuevo en el tejado del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que lleva días titubeando entre ambas fechas (2011 o 2013). En este momento ni en el Ministerio de Industria ni en el entorno del Presidente se conoce con precisión la decisión que tomará Zapatero -según describen a radiocable.com fuentes del Ejecutivo.

Los grupos ecologistas ya han advertido, sin embargo, que no contemplan el escenario del 2013 y anuncian que si Zapatero toma tal decisión, la respuesta sería extremadamente crítica con el gobierno.

Ayer, precisamente, Gerd Leipold, el director internacional de Greenpeace, hizo unas contundentes declaraciones de apoyo al gobierno español durante su visita a Madrid. Según Leipold, Zapatero se convertiría en ??un ejemplo para el resto del mundo? si decidiera cerrar Garoña en el 2011.

Opiniones divididas en su propio entorno

El plazo se termina y la decisión es muy compleja para el Presidente del Gobierno. Por una parte la promesa electoral del PSOE se circunscribe a cerrar las centrales al finalizar su vida útil. Si Zapatero cumple esa promesa, estaría reafirmando su determinación para cumplir la palabra dada a los ciudadanos, tal y como hizo con la retirada de Irak. Aquello le reportó incontables beneficios en términos de márketing político.

Entre sus consejeros hay quien piensa, sin embargo, que retrasar la decisión al 2013 le mostraría como un político moderado, dispuesto a escuchar. El Presidente, por contra, sabe que eso supondría abandonar el gesto a la legislatura que viene, perdiendo el apoyo de los ecologistas y dando un importante cartucho de munición electoral a la oposición. No contentaría a nadie.

Técnicamente la decisión del 2013 tampoco convence a las eléctricas, pues para prolongar su vida podrían verse obligadas a efectuar reformas técnicas en una central con la fecha de caducidad demasiado cercana.  El plazo, en todo caso, se termina.

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