E. Robinson

Premio Pulitzer 2009, Catedrático Neiman de Periodismo en Harvard y Editor de la sección Exterior del Washington Post.

 

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Eugene Robinson – Washington. La draconiana nueva ley de inmigración de Arizona es una abominación – racista, arbitraria y opresora, mezquina, injusta. Lo único esperanzador que puede decirse es que la legislación, que la Gobernadora Republicana Jan Brewer aprobó el viernes, se extralimita tan escandalosamente que podría ser inconstitucional.

Brewer, que cedió a las presiones xenófobas que los gobernadores anteriores tuvieron el valor de resistir, debería avergonzarse de sí misma. La ley obliga a las fuerzas del orden a interrogar a cualquiera del que haya “duda razonable” de tratarse de un inmigrante sin papeles – un mandato del fichado racial a escala masiva. Los inmigrantes legales estarán obligados a llevar documentación que acredite que tienen derecho a estar en Estados Unidos. Los que no tengan documentación podrán ser denunciados por el delito de violación de fronteras y encarcelados hasta un máximo de seis meses.

Los activistas de los derechos de los inmigrantes y de los latinos – y los partidarios del gobierno cuerdo – celebraron concentraciones durante el fin de semana denunciando la nueva ley y prometiendo hacer todo lo posible por anularla. Pero ¿dónde estaba el colectivo de protesta fiscal? ¿No es toda la premisa del movimiento que el gobierno extralimitado constituye una grave amenaza a la libertad individual? Me parece que una ley que permite a los individuos ser detenidos e interrogados a capricho – y que obliga a residentes legales a llevar documentos de identificación, igual que en un estado policial – provocaría espasmos a los activistas fiscales. ¿O hay algún tipo de excepción si las personas cuyas libertades se están limitando tienen piel morena y hablan español?

¿Y cuál es la postura del Senador John McCain? El practicante autodeclarado del “hablemos claro” fue otrora apasionado defensor de la reforma sensata y moderada de la inmigración. Ahora, frente a un contrincante en las primarias desde la derecha, elogia la nueva ley, lo cual está tan alejado de ser sensato como de ser moderado. ¿Valen de verdad seis años más en el Senado tener que abandonar lo que parecían ser principios fundamentales? ¿O fueron los principios siempre posicionales?

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Permítame que interrumpa esta diatriba para señalar que mientras que Arizona ha hecho sin duda las cosas mal, es comprensible que los exasperados funcionarios públicos creyeran tener que hacer algo. La política de inmigración y seguridad fronteriza son competencias federales, y Washington ha fracasado estrepitosamente a la hora de abordar lo que los habitantes de Arizona ven legítimamente como una crisis.

Arizona se ha convertido en el coladero predilecto de trabajadores sin papeles, y alrededor de 460.000 están ya dentro del estado – estableciéndose, o simplemente de paso – en este momento. He conducido hasta la frontera y he visto cómo las autoridades tratan de seleccionar los camiones y furgonetas que pueden ser transportes de sin papeles. He pasado una mañana en el consulado mexicano en Phoenix, que por lo general se llena de inmigrantes recientes; sólo el observador más ingenuo podría pensar que la mayoría o incluso todos ellos están en el país legalmente. El influjo coloca una carga injusta sobre el estado, y durante años los habitantes de Arizona han suplicado a los funcionarios federales que hagan algo con la reforma de la inmigración y el control de las fronteras – en vano.

Pero esta ley no va a solucionar las cosas. Por el contrario, se crearán más problemas. El alcalde de Phoenix Phil Gordon – que escribió una columna en el Post llamando a los defensores de la ley “amargados de mente estrecha y llena de odio” – espera presentar una demanda contra el Estado alegando que la policía local está siendo obligada a suplir unas competencias federales.

Uno de los problemas concretos de que la ley trate a los inmigrantes sin papeles como delincuentes es que da a los sin papeles un poderoso incentivo para mantener las distancias con las fuerzas del orden. Esto sólo dificultará que la policía local investigue delitos y persiga a delincuentes prófugos, ya que ningún testigo potencial sin papeles dirá nada.

¿Y cómo se supone que decidirá la policía de quiénes “duda razonablemente” de estar ilegalmente en el país? Dado que la gran mayoría de inmigrantes sin papeles en Arizona proceden de México, la implantación agresiva de la ley exigirá al parecer pedir los papeles a cualquiera de aspecto un poco mexicano. O quizá sólo poner pegas a los que parezcan algo mexicanos y también algo pobres. O tal vez a cualquiera que se atreva a visitar el consulado mexicano.

Arizona está bregando con un problema real y acierta al exigir que Washington ofrezca una solución. Pero la nueva ley de inmigración no es una solución en absoluto. Es más un acto de venganza. La ley hace vulnerables a los ciudadanos latinos y los residentes legales al acoso arbitrario – al relegarlos a una condición de segunda clase – y es una vergüenza absoluta.

Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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