E. Robinson

Premio Pulitzer 2009, Catedrático Neiman de Periodismo en Harvard y Editor de la sección Exterior del Washington Post.

 

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Eugene Robinson – Washington: La palabra “McCarthynismo” es utilizada en exceso, pero en este caso se queda corta. Liz Cheney, la ambiciosa hija del ex Vicepresidente, tiene entre manos una lista de nueve letrados del Departamento de Justicia cuyos “valores” tiene el descaro de cuestionar. Tendría que dedicar tiempo a examinar los suyos, caso de tenerlos.

Un colectivo que co-preside la hija, llamado Keep America Safe, ha dedicado las últimas dos semanas a atacar rastreramente a los funcionarios del Departamento de Justicia porque “representaron o defendieron a detenidos por cargos de terrorismo” antes de incorporarse a la administración. En otras palabras, hicieron lo que se supone que hacen los abogados en este país: garantizar que hasta los acusados más impopulares tienen la representación legal adecuada y que el gobierno respeta la ley.

Cheney no es una ignorante, y tampoco lo son los otros co-presidentes de su grupo, la abogada Debra Burlingame y el crítico William Kristol, que escribe una columna mensual en el Washington Post. Es de suponer que saben que “la tradición estadounidense de la representación legal de los clientes impopulares se remonta por lo menos a la defensa de John Adams de los soldados británicos acusados de la Masacre de Boston” – en otras palabras, es más antigua que el país.

Ese comentario está extraído de un escrito remitido por un grupo de letrados conservadores — que incluye a varios ex altos funcionarios de la administración Bush-Cheney, eruditos legales que han apoyado políticas draconianas de detención e interrogatorio, y hasta Kenneth W. Starr – que condenan “la vergonzosa serie de ataques” en los que Liz Cheney ha sido la principal artífice. Entre los firmantes se encuentran Larry Thompson, fiscal general en funciones con John Ashcroft; Peter Keisler, fiscal general interino durante una parte del segundo mandato de George W. Bush; y Bradford Berenson, consejero adjunto de la Casa Blanca durante el primer mandato Bush.

“Sugerir que el Departamento de Justicia no debe valerse de juristas brillantes que han ejercido la defensa de imputados echa a perder el patriotismo de las personas que han ocupado posiciones honorables en cuestiones dudosas”, reza la misiva.

Pero difamar es al parecer el objetivo de todo el ejercicio. La campaña de difamación iniciada por Cheney y cía. no tiene nada que ver con proteger a América. Sólo puede ser una tentativa de causar daños políticos a la administración Obama retratando al Departamento de Justicia como algo “blando” con el terrorismo. Esto es increíblemente deshonesto y deshonroso hasta para los bajos estándares de Washington.

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“¿Los valores de quién comparten?” pregunta inquietantemente un video colgado en la página del grupo. La respuesta es obvia: los valores consagrados por la Constitución.

El más destacado de los nueve funcionarios de Justicia, el Procurador de la Fiscalía Neal Katyal, representó al chofer de Osama ibn Laden, Salim Hamdan, en un caso que llegó al Tribunal Supremo. En una sentencia resuelta por cinco a tres magistrados, la sala falló en favor de Hamdan y resolvió que los tribunales militares de la administración Bush eran inconstitucionales. ¿Están Cheney y sus amigos indignados porque Katyal ganó el caso? ¿O cuestionan los “valores” y el patriotismo de los cinco magistrados que también integraban la mayoría?

El escrito de los juristas conservadores señala que “en las imputaciones y los procesos por terrorismo por igual, la defensa juega, y seguirá jugando, un papel clave”. Señala que tanto si los sospechosos por delitos de terrorismo son juzgados por la vía civil o por la militar, tienen derecho a un abogado — y que los reclusos de Guantánamo, incluso si no pesan sobre ellos cargos formales, tienen derecho a acogerse al hábeas corpus. Son los tribunales federales — no la defensa — los que dejan todo esto claro como el agua. Si Cheney y su colectivo tienen problemas con eso, deberían preparar una denuncia en bloque del estamento federal judicial. O puede que lo que no les guste realmente sea esa molesta Constitución, con su reparto de poderes, competencias y garantías judiciales. Qué inconveniente es vivir en un país que respeta el Estado de Derecho.

Pero no voy a volver a tomarme la cosa es serio de nuevo. Realmente se trata de una estrategia de “muerte por múltiples heridas” encaminada a desgastar políticamente al Presidente Obama. La acusación de delicadeza con el terrorismo — o los sospechosos de delitos de terrorismo — es absurda; Obama ha dedicado muchos más recursos y atención a la guerra contra al-Qaeda en Afganistán de los que se molestó en reunir la administración Bush-Cheney. Dado que los detractores de Obama no pueden atacarle en el contenido, recurren al continente. Distorsionan. Insinúan. Maquillan. Exageran.

Esta vez, obviamente, han ido demasiado lejos. Pero es probable que la próxima gran mentira ya esté en marcha. Los colectivos que se dedican a arrasar con todo como Keep America Safe pueden simular no comprender nuestros principios legales más firmemente asentados y apreciados, pero hay algo que no entienden genuinamente: el concepto de vergüenza.

Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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