Un desalojado en Cañada Real

En España tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan un deficit en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, segun un informe de Amnistía Internacional. Son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas. Pero la ONG considera que el acceso a una vivienda digna o el derecho a la salud no son meras prestaciones sociales, son derechos humanos.

Amnistía ha presentado el informe “Derechos a la intemperie” en el que documenta la dificultades que sufren millones de personas en España para hacer valer sus derechos económicos, sociales y culturales. Hablan de un tipo de indefensión básica en el acceso a la información que además se agrava cuando se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

Recogen que este problema afecta especialmente a los 9 millones de personas que viven en la pobreza, a las cerca de 200.000 personas que no tienen cobertura sanitaria pública porque ya no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo o porque no han trabajado nunca, o a las miles de personas que pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España explica que la fuerza legal de derechos como el acceso a una vivienda “se ve reducida cuando son regulados con menores garantías y mecanismos para reclamarlos. No proteger estos derechos produce verdaderos dramas humanos”.El hecho de no disfrutar del derecho a una vivienda adecuada o no tener acceso a la atención en salud, puede minar además otros derechos, incluso la vida. Exigirlos ante las administraciones y acceder a la justicia cuando son vulnerados son experiencias que para millones de personas en España son completamente ajenas a su realidad.

España ha ratificado entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que conlleva el deber de respetarlos,  protegerlos y hacer que sean realidad para todas las personas.

Manifestación de afectados por desalojos
(Foto: Flickr/Diegogs)

Como ejemplo mencionan el caso de Cañada Real (Madrid), donde entre 25.000 y 40.000 personas, según las fuentes, podrían ser desalojadas sin ningún tipo de garantías. Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha realizado esta investigación en el marco de la Campaña Exige Dignidad, cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza, uno de los mayores escándalos de derechos humanos. La organización viene trabajando a nivel mundial a fin de que los Estados hagan que los DESC sean ley y cumplan con sus obligaciones al respecto.

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1 replica a este post
  1. Yo creo que más que las actuaciones de las autoridades es la justicia, el poder judicial es en la mayoría de las ocasiones bochornosa.