El analista independiente y colaborador del New York Times o la revista Energy Tribune, Andrés Cala, señala que el gobierno español no tenía más opción que pagar los 1.350 millones de indemnización a la empresa de Florentino Pérez al cerrarse el proyecto del almacén de gas. Señala que este tipo de indemnizaciones se dan en todos los países y que para España incluso puede ser lo más rentable, porque permitirá hibernar la instalación. Pero Cala también apunta que el despilfarro de Castor es solo parte del problema que se dio en España de autorizar infraestructuras con el espejismo de que se iba crecer infinitamente y se hace eco de las quejas en el extranjero por la mala comunicación del gobierno.

 

Andrés Cala explica que el gobierno español estaba obligado a pagar la indemnización a ACS por el cierre del almacén de gas Castor “nunca hubo opción de no pagar, lo determinaron los juzgados en contra la opinión del gobierno. Tenía que pagarla, Aunque suene como una injusticia despilfarrar 1.300 millones de euros por algo no va a operar es lo que ponía en el contrato.”

Y añade que “este tipo de indemnizaciones existen en todos los países tanto dentro de la industria pública como privada. Acaba de haber un caso similar y muy sonado en México que ha cancelado un contrato con los chinos para un tren de alta velocidad si justificar y va a tener que indemnizar a las empresas sin haber construido un solo raíl. Esto es normal. Nadie invierte sin garantía de que le van a pagar. Y en el contrato de Castor, aunque el gobierno dijo que no había sido advertido de una falla no detectada que podía provocar los problemas, los juzgados estuvieron de acuerdo en que no era culpa de las empresas”

El corresponsal también considera que España no tenía muchas opciones en este caso y cree que la indemnización era lo más “rentable. La otra opción era permitir que operase algo que no puede operar. Hubiera sido como construir una planta nuclear, pero no darle permiso para que opere. El gobierno ha decidido hibernarla porque al final supondrá menor coste.”

Andrés Cala apunta que el despilfarro en España se ha dado en los últimos 15 o 20 años y con gobiernos de distintas ideologías autorizando infraestructuras que no se usan: “La gente se fija mucho en los aeropuertos, ahora en lo de Castor, pero también están las desaladoras, la centrales de cogeneración… y todo esto hace que paguemos en los recibos un montón de costes indirectos. Lo de Castor es parte de un problema mucho más grande, que no fue malintencionado, del espejismo de que España iba a crecer infinitamente. Y cuando se dejó de crecer e incluso se empezó a contraer la economía, todas estas infraestructuras quedaron sin utilizar.”

Y afirma que uno de los problemas es la mala comunicación del gobierno español: “Hay quejas no solo de los medios, sino de la UE, los bancos de inversión y la industria privada: este gobierno no comunica bien sus decisiones. Las anuncia, da su versión, pero no satisface las peticiones de más transparencia. El caso de Castor, por ejemplo tiene su explicación, pero el gobierno lo trata como un punto que todo el mundo debería aceptar porque estaba en el contrato. Y tiene razón, pero lo explica con una arrogancia `que hace difícil aceptar las explicaciones.