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Fernando Berlín, el autor de este blog, es director de radiocable.com y participa en diversos medios de comunicación españoles.¿Quien soy?english edition.

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El conflicto de la Corrala Utopía nos pone la realidad de la burocracia, frente a la necesidad, la urgencia y el sentido común.

Veintidos familias, con una urgente necesidad de vivienda, fueron desalojadas por la policía, del inmueble que habían ocupado y que era propiedad de Ibercaja. Siempre han subrayado que no eran viviendas de otros ciudadanos sino casas que estaban vacías, sin un propietario definido -Banco / empresa-. Estaban a punto de llegar a un acuerdo para su realojo pero quedó interrumpido tras la intervención polícial.

IU ante la necesidad de buscar acomodo urgente para esos vecinos les ofreció una salida transitoria en vivenda sociales con los siguientes argumentos:

“la sentencia ordenando el desahucio de la corrala en la que el juez también mandata a las instuticiones a “proveer soluciones para las familias desalojadas con menores o en riesgo de exclusión social” y también la propia normativa andaluza relativa al acceso a las viviendas de protección oficial que contempla (..) una vía de acceso extraordinaria y urgente para los casos, una vez más, de riesgo social”.

Pero su socio de gobierno, el PSOE, se negó a realojarlos a todos argumentando la injusticia que supondría para quienes esperan en la lista oficial, dando por sentado que algunas de las personas no merecían tanta urgencia. Y entonces estalló la crisis entre PSOE e IU.

Pareciera que ambas partes tienen algo de razón. IU dice la verdad cuando habla de “una necesidad urgente” de realojo y el PSOE cree que también, cuando habla del “problema legal y democrático que supondría romper la lista de espera”.

 

Pero es que la realidad no es tan simple. El edificio está lleno de familias, algunas de ellas con hijos, que no se pueden quedar en la calle. Es así de simple. Necesitan una ayuda excepcional, ante esa situación tan excepcional.

Algunos de los vecinos de la corrala Utopía, había agotado ya todos los recursos y registros de demandantes de vivienda, e incluso algunos de ellos habían sido desahuciados de viviendas de protección, como explican en su web.

Pero además de la protección a ciudadanos en situación de emergencia se trata también de la protección de un símbolo: de aquellos que no se resignan y de aquellos que son capaces de organizarse para reclamar sus derechos. Algo por cierto que la izquierda ha aplaudido sistemáticamente.

¿De verdad no había forma de alojar a 22 familias que han sido ejemplo de organización vecinal? Si no es así, como sostiene Susana Díaz, se nos revela un problema burocrático y de desorganización política a nivel nacional.

 

En España hay 13.504 viviendas de protección pública que en este momento están vacías. Hay unas 9700 que pueden considerarse disponibles.

Capítulo aparte merece el Ayto de Sevilla en manos del PP, responsable final de la situación de estos vecinos, que permanece escondido mientras oculta que tiene cerca de 400 viviendas vacías sin adjudicar en la misma ciudad que los vecinos de Corrala Utopía sufrieron el dramático desalojo.

Libro aparte merece el PP nacional que ha encontrado en esto el asunto perfecto para que no se hable de sus problemas de financiación con dinero negro.

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