En España ha calado la sensación de que ha llegado el momento de “ajustar cuentas” con el pasado y corregir el “pacto del olvido” de la transición que dejó sin reparación a muchas víctimas. Pero aunque se debería corregir la “aberración” de que Franco tenga un monumento público en su honor y recuperar los restos de los desaparecidos, establecer una “verdad oficial” puede no ser “ni posible, ni deseable” y las demandas de justicia no deben convertirse en un “imperativo categórico que impida un bien mayor”. Es la tesis de una artículo del influyente semanario británico en su prestigiosa sección sobre Europa titulada “Charlemagne” y que suele firmar Tom Nuttal.

Considera que al dar prioridad a la paz y la democracia en la transición es cierto que España ignoró las demandas de justicia, pero cree que se debió a las “circunstancias” y gracias a eso triunfó y permitió transformar el país hasta hacerlo irreconocible. Y advierte de que más que “deshacer la transición”, España debe buscar un camino para honrar sus muertos y su historia sin permitir que la búsqueda de justicia ponga en riesgo lo conseguido.

The Ecoomist explica que este 6 de diciembre se conmemoran los 40 años de Constitución democrática que han cambiado España hasta “hacerla irreconocible”. Pero destaca que ahora muchas víctimas de la dictadura se quejan de que la transición se hizo sin reparación. Sostiene que “esto fue debido a las circunstancias” y recuerda que Franco “murió en su cama” y que la transición fue negociada por reformistas dentro del regimen y moderados en la oposición. Apunta que aunque ahora se considere que el “pacto de olvido” sobre la guerra y la dictadura “fue malo”, ambos aspectos son “cuestionables”. Y defiende que más que un “pacto de olvido” lo que hubo en España fue una “amplia amnistía” y un consenso político tácito de no usar el pasado como arma, con la idea principal de que “no hubiera nunca más una guerra civil”.

La columna añade que también hubo una negociación por la que el régimen aceptaba la democracia a cambio de que no hubiera represalias. Pero advierte de que esto podía haber sido revertido por ejemplo con la violencia de ETA y los radicales del franquismo. Sostiene que al dar prioridad a la paz y la democracia, España “ignoró las demandas de justicia” y resalta que ahora la sensación de que es el momento de ajustar cuentas ha ganado terreno en el país. Pero señala que aunque España debería corregir la “aberración” de que Franco tenga un monumento público en su honor y recuperar los restos de los desaparecidos, establecer una “verdad oficial” puede no ser “ni posible, ni deseable”. Y considera que más que deshacer la transición, España debería encontrar un camino para honrar a sus muertos y enseñar las lecciones de la historia, sin que la justicia transicional sea un “imperativo categórico que impida un bien mayor como es establecer democracias que respeten los derechos humanos”.

The Economist es un semanario británico que se publica desde 1843 y considerado un referente en el  análisis de las relaciones internacionales y la economía. Su opinión influye en la imagen exterior de los países, en los inversores internacionales y marca la agenda de otros medios de comunicación. Desde agosto de 2015 ha dejado de pertencer a Pearson y ahora Exor, compañía de la famila italiana Agnelli dueña de Fiat, controla el 43,4%. La familia Rothschild posee el 25% de las acciones. El resto se reparte entreo otras destacadas familias británicas y empleados y ex trabajadores de la revista. Su linea editorial es neoliberal tanto a nivel económico -a favor del libre mercado, la globalización y la libre inmigración- como en temas sociales -han apoyado el matrimonio gay, la legalización de las drogas o el control de armas-. Y politicamente han respaldado tanto a candidatos conservadores como de izquierdas. Sus artículos no van firmados. Su circulación en 2017 roza los 1,5 millones ejemplares.  

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