El informe sobre corrupción del Consejo de Europa se declara preocupado por “fallos estructurales” en el sistema judicial español en donde algunos órganos están demasiado polítizados y no se garantizan la independencia de los magistrados. También critica la debilidad en el control de incompatibilidades de los parlamentarios españoles cuando dejan su cargo. A este “toque de atención” desde Bruselas, se une la investigación abierta por la UE sobre posibles irregularidades en ayudas a UGT.

El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, alerta de la preocupación que existe en el Consejo de Europa por la “proliferación de escándalos de corrupción” que “debilitan la credibilidad de las instituciones españolas”. El texto también recoge la percepción de que el Consejo General del Poder Judicial es un “órgano demasiado politizado”. Piden medidas para garantizar la independencia del sistema judicial y un código ético que marque unos mínimos a políticos, jueces y fiscales.

El Consejo de Europa también apunta que el Parlamento español tiene un buen sistema para evitar las incompatibilidades de sus señorías mientras están en ejercicio. Pero no tan eficaz cuando dejan el cargo, en referencia a la famosa ‘puerta giratoria’ que toman algunos responsables al pasar después a la esfera privada en ámbitos en los que se benefician de sus contactos, conocimientos o decisiones de la anterior etapa.

Por su parte, la Comisión Europea está investigando el presunto uso fraudulento que UGT hizo de las ayudas comunitarias destinadas a financiar cursos de formación. El caso se inició tras la publicación en El Mundo de un artículo sobre la desviación y cobro de comisiones por parte del sindicato por la adjudicación de un curso de portugués incluido en el proyecto “Cooperación Intersindical Andalucía-Algarve, 2008-2010″, que cuenta con financiación de la UE.

El comisario de Política Regional, Johannes Hann ha explicado que se han “suspendido los pagos a UGT y se está efectuando una investigación administrativa para comprobar si se ha producido cualquier irregularidad u otra infracción, con objeto de evaluar su posible impacto económico”.