El gobierno australiano sigue una política de mano dura contra la inmigración ilegal que trata de llegar a su país por mar y recluye a los refugiados en unos centros en islas del Pacífico, que han sido acusados de no respetar los derechos humanos. Se trata de instalaciones que dependen del Departamento de Inmigración y Protección del Ejecutivo de Australia, pero cuyos servicios son provistos por una empresa privada, Boradspectrum, que desde finales de 2015 es propiedad de Ferrovial.  Este contrato ha deparado importantes beneficios a las compañías -aunque ni la filial, ni la matriz han desglosado las cantidades percibidas-, pero también las ha puesto en el ojo del huracán, ya que ONG´s y activistas han denunciado abusos y malos tratos en estos centros de inmigrantes de Nauru y Manus. Dentro de un mes, sin embargo, Ferrovial se verá libre de este contrato -que heredó al comprar Broadspectrum- y la prensa internacional ya señala que Australia tendrá que trasladar a unos 200 refugiados a un nuevo centro.

(Foto: Flickr/Takver)

Cuando en diciembre de 2015, Ferrovial lanzó una OPA por la firma australiana Boradspectrum, muchos reaccionaron con sorpresa. La constructora española señaló que veía la operación como una buena forma de entrar en el mercado de Australia, pero muchos destacaron que la empresa elegida se dedicaba a gestionar los campos de detención de refugiados que llegan por mar a Australia y que la controversia y denuncias de abusos en su labor habían provocado que otros grandes inversores optaran por vender sus participaciones. Y a los pocos meses de cerrarse la operación, Ferrovial ya se vió salpicada por la polémica.

La filtración de más de 2.000 documentos secretos en The Guardian que revelaban asaltos, abusos sexuales y automutilaciones en estos centros, especialmente el de Nauru, volvió a poner el foco sobre estos lugares ya envueltos en la controversia desde hace meses.  Varios medios australianos publicaron que la constructora española había solicitado rescindir el contrato para gestionar estos centros y “se negaba a ser cómplice corporativo de los abusos”, pero eso no impidió las críticas.

Y pese a las noticias de que los campos, al menos el de Nauru, se iban a cerrar, en abril de este 2017,  Amnistía Internacional retomó las denuncias contra estos campos y acusó al “gigante empresarial español Ferrovial de ganar millones con la tortura de personas refugiadas en Nauru”. En el informe titulado “I$la del tesoro“, afirmaba que la filial australiana de Ferrovial, Broadspectrum, era cómplice del sistema de “tramitación de refugiados, cruel y secreto, de la isla del Pacífico, obteniendo enormes beneficios de él”. En su defensa, la constructora española ha respondido que no opera ni gestiona esos campos, sino que “se limita a prestar servicios de atención social, seguridad y mantenimiento, con los mayores estándares de calidad y centrados en mejorar las condiciones de vida de estos solicitantes de asilo o refugiados”. Ahora a partir del 31 de octubre, escapará de este contrato y de la controversia, aunque su decisión tiene consecuencias.

Reuters destaca que Australia tendrá que trasladar a 200 solicitantes de asilo a un nuevo centro de detención al expirar el 31 de octubre el contrato de seguridad que tenía con la española Ferrovial. Apunta que este hecho obliga al cierre del centro de retención de refugiados en la isla de Manus y su reubicación en otro campo en Papua Nueva Guinea. Recuerda que el gobierno australiano mantiene retenidos en estos centros a unas 800 personas, algunas desde hace más de cuatro años, porque se niega a darles visado para entrar en Australia y no consigue cerrar acuerdos para que sean aceptados en otros países. Durante el mandato de Obama, hubo un principio de acuerdo para trasladar a suelo norteamericano a unos 1.200 de estos solicitantes de asilo, muchos de los cuales huyeron de Irán, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha dejado paralizado el plan. Y Radio New Zealand apunta que esto provoca que aumente la incertidumbre sobre el futuro de estos refugiados.

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