El gobierno ha anunciado que aumenta la lista de delitos susceptibles de la pena de prisión permanente revisable justo cuando el Congreso de los Diputados está planteando la posibilidad de derogar la norma y cuando las familias de Diana Quer y otras víctimas de crímenes mediáticos han presentado 2 millones de firmas para que siga en vigor. El debate sobre el fondo de es la cuestión y la idoneidad del momento para plantearlo ha llegado a la redes sociales, donde abogados, políticos, jueces y periodistas analizan y valoran los argumentos a favor y en contra de la medida.  Entre quienes defienden la prisión permanente revisable se sostiene que se trata de una medida excepcional pero que que debe existir para delincuentes no reinsertables y para asegurar la protección social. Pero quienes se oponen a ella cuestionan su constitucionalidad y su eficacia disuasoria, pero sobre todo se critica el oportunismo político de relanzar el debate aprovechando el dolor de una familia afectada y haciendo “populismo punitivo”.

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