“La han rebautizada como “ley anti-indignados“. Y una semana después de su primera versión, la nueva ley de seguridad, aprobada en el Parlamento español, que castiga de forma implacable las infracciones en materia de seguridad pública, sigue generando polémica“.

 


(Foto: flickr/Jorge Paredes)

“La oposición, la magistratura y parte de la opinión pública -informa Giuliana De Vivo- la consideran demasiado dura, mientras que algunas asociaciones de comerciantes y ciudadanos desean que entre en vigor lo antes posible, invocando necesidades de protección y tranquilidad.  Lo que es seguro es que el proyecto de ley del Ministro del Interior Jorge Fernández prevé normas más restrictivas de las que existen, por ejemplo, en Italia”.

“Una de las nuevas normas que más polémica ha generado es la que sanciona con hasta 30 mil euros (en la primera redacción de la ley, la sanción llegaba hasta 600 mil) a los participantes en manifestaciones o reuniones no autorizadas. Con esta ley, el movimiento de los indignados, en hipótesis, no habría sido posible. La polémica ley obliga a que si la manifestación se produce en las proximidades de lugares institucionales -el Congreso, Senado, sedes parlamentarias de las comunidades autónomas- debe ser comunicada por anticipado, mientras que si en los alrededores hay infraestructuras críticas como aeropuertos o centrales nucleares la sanción podría alcanzar los 600 mil euros.”

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