El diario chino Global Times publica un artículo de Wang Fang en el que detallan una operación del gobierno español llamada “Tormenta Asia” que está sometiendo a los empresarios chinos en nuestro país a inspecciones fiscales muy estrictas. “Debido al gran número de comerciantes chinos que evaden impuestos, esta medida ha puesto a mucha gente en vilo” aseguran.

Un establecimiento chino en España
(Foto: Flickr/martita1991)

El texto explica que la operación ??Tormenta Asia” del gobierno español, “ha consistido en grandes inspecciones fiscales. Se revisaron los documentos uno por uno, y se enviaron a expertos para supervisar los comercios chinos y comprobar la situación real de sus ventas. Antes, el Gobierno de España por lo general había investigado la situación de los trabajadores y la cotización a la seguridad social de los comercios chinos, pero esta investigación fiscal tan severa ha sido una vuelta de tuerca. Debido al gran número de comerciantes chinos que evaden impuestos, esta medida ha puesto a mucha gente en vilo?.

También mencionan que “El País publicó a principios de enero la noticia de que en España era imperativo llevar a cabo una gran inspección fiscal, y la inspección sobre los comerciantes chinos debía ser especialmente estricta. Sin embargo, los chinos no dieron mayor importancia a este mensaje, y de la noche a la mañana, una vez las autoridades fiscales españolas hubieron hecho los preparativos correspondientes, los comerciantes chinos se convirtieron en los objetivos de dicha inspección, en especial las empresas mayoristas situadas en Madrid”.

El Global Times asegura que “la inspección fue de lo más estricta, e independientemente de si se trataba de empresas mayoristas o minoristas, había que registrar hasta el último documento, y en caso de la mínima irregularidad, se procedía a imponer las multas correspondientes. Aparte de las facturas, los investigadores también entraron en los comercios chinos vestidos de paisano para observar la situación de los negocios y evaluar el volumen de ventas para cotejarlas con los documentos fiscales presentados a las autoridades. Este tipo de investigación destapó a muchos empresarios con problemas”.

“Con la llegada de la crisis económica a España, se ha producido un gran número de investigaciones en el país, que han consistido sobre todo en registros relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros y la seguridad social. La multa por contratar a inmigrantes ilegales es de 150.000 euros como mínimo y 230.000 euros como máximo. En cuanto a la seguridad social, la mayoría de empleados chinos contratados tienen medio seguro, lo que significa que su empleador les permite trabajar ocho o más horas, pero sólo cotizan a la seguridad social española el equivalente a cuatro horas”.

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