Tres activistas feministas que protagonizaron en 2014 la procesión del “coño insumiso” parodiando la Semana Santa para reivindicar los derechos laborales y reproductivos de las mujeres son juzgadas en Sevilla este 3 de octubre. Se les acusa de ofender deliberadamente los sentimientos religiosos y de “humillar a los católicos” desde la Asociación Española de Abogados Cristianos que ejerce la acusación particular. Las tres mujeres defienden que utilizaron su libertad de expresión y que se las criminaliza por reivindicar sus derechos.

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Los hechos sucedieron el 1 de mayo de 2014 en pleno debate sobre la reforma de la Ley del aborto que preparaba el ministro Ruiz Gallardón. Decenas de mujeres salieron a las calles de Sevilla en defensa de los derechos sociolaborales y reproductivos de las mujeres con una manifestación “performance” denominada “El coño insumiso” en la que se marchó detrás de una vagina de látex de grandes dimensiones.

Pero lo que pretendía ser un “aquelarre feminista” y un protesta festiva, fue considerado por la Asociación Española de Abogados Cristianos como una humillación y un ataque a los símbolos cristianos. El colectivo presentó una querella que fue archivada en 2016 primera instancia por el Juzgado de Instrucción de Sevilla al considerar que no se produjo ninguna infracción penal. La AEAC recurrió el sobreseimiento y la Audiencia Provincial ordenó abrir juicio oral en 2018 por un delito contra los sentimientos religiosos, cuya vista se fijó para el 3 de octubre de 2019.

La Fiscalía pide para cada una de las tres acusadas una pena de 3.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525.1 del Código Penal. La AEAC, que según explican en su web, tiene entre sus objetivos la defensa de “las mujeres que fueron engañadas en los centros de aborto”, les imputa también un delito de odio.

Las tres activistas Antonia A., Rocío B. y Olga L. han alegado en todo momento que cuanto sucedió durante la protesta forma parte de la libertad de expresión de una manifestación. Sostienen que no había ninguna intención de ofender a las creencias religiosas sino de denunciar la opresión que sufren las mujeres en sus derechos fundamentales por parte de estamentos eclesiásticos y que esta reivindicación es el motivo de que se las haya criminalizado. El caso ha provocado un gran revuelo y movilizaciones en apoyo de las acusadas.

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