La ola de terremotos atribuidos al almacén de gas en la costa de Castellón sigue atrayendo la atención de la prensa internacional, especialmente por los efectos que puede tener para España. El Telegraph recoge que el gobierno podría tener que pagar una indemnización de 1.300 millones de euros que afectaría a la reducción de déficit. Forbes apunta que el mayor impacto de los terremotos puede ser sobre la incipiente industria de fracking en España.

El artículo del Telegraph

El Telegraph resalta que la compensación de 1.300 millones que tendría que pagar el gobierno si cierra Castor repercutiría en el déficit. Dice: “El gobierno español podría afrontar una factura por compensación de 1.300 millones de euros si se ve obligado a cerrar de forma permanente una planta de almacenamiento de gas en alta mar que se ha ligado a una ola de terremotos menores que han golpeado la costa mediterránea española en las últimas semanas.

Ahora, los fiscales están investigando si las autoridades españolas podrían ser responsables por negligencia tras saberse que un estudio que alertó de terremotos potenciales fue ignorado antes de dar la luz verde a la planta. El gobierno podría quedar obligado a pagar una considerable suma de dinero en concepto de indemnización, si ordena el cierre definitivo de la planta, un desembolso que podría tener graves repercusiones en su lucha para reducir el déficit público.”

Forbes habla de la “situación sísmica” cuyo auténtico impacto podría ser sobre el fracking. Asegura: “España depende del extranjero para virtualmente todas sus necesidades de petróleo y gas, así que tener reservas de emergencia almacenadas siempre ha sido importante. Ahora el proyecto Castor podría enfrentarse a retrasos hasta que Madrid resuelva las preocupaciones, pero el verdadero impacto de los terremotos podría caer en la floreciente industria del gas esquisto de España. A principios de año, una prohibición del gobierno cántabro frenó el primer esfuerzo del país por explotar este gas. Fue la primera vez que España ofreció resistencia organizada contra los intentos de fracking, uniéndose a movimientos políticos y ambientales en varios países europeos.

Las preocupaciones ambientales llevaron al gobierno regional a esquivar al Estado central y dejar de lado el proyecto, pese a que las reservas potenciales se estimaron en 50 billones de pies cúbicos, lo suficiente para satisfacer aproximadamente 39 años de la demanda interna, según el Consejo de Ingenieros de Minas de España. Teniendo en cuenta la grave situación económica y energética de España, Cantabria podría ser presionada para revertir la prohibición. Pero, con las nuevas evidencias, frenar proyectos de gas subterráneo puede ser más fácil. Con el ejemplo Castor en la mano, los críticos con el fracking en España han recibido una sólida mano.”

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