Tras la presión social y mediática de los últimos días, el gobierno australiano ha decidido cerrar el centro de detención de solicitantes de asilo de la isla de Manus, que gestionaba una empresa recientemente adquirida por la española Ferrovial. La filtración de más de 2.000 documentos secretos en The Guardian que revelaban asaltos, abusos sexuales y automutilaciones en estos centros, especialmente el de Nauru, puso el foco sobre estos lugares ya envueltos en la polémica desde hace meses. Ferrovial ya había solicitado rescindir el contrato para gestionar estos centros y varios medios australianos publicaron informes que señalaban que la empresa española se negaba a ser cómplice corporativo de los abusos. Este rechazo ha contribuido al cierre de los centros, según destaca la prensa internacional.

En diciembre pasado, Ferrovial sorprendió lanzando una OPA para hacerse con la compañía australiana Broadspectrum. Entre las actividades de ésta, destacaba la gestión de los controvertidos campos de detención de refugiados que llegan por mar a Australia. Las acusaciones de abusos en estos lugares ya habían provocado la salida de varios inversores, pero no afectaron a Ferrovial que decidió mantener su apuesta por entrar, mediante esta vía, en el mercado australiano. Y en mayo, pasó controlar Broadspectrum.

Sin embargo en las últimas semanas, la presión y polémica en torno a estos CIEs ha dado un vuelco a la situación. La constructora española ya anunció a principios de agosto que quería salir por completo de la gestión de estos lugares, aunque el gobierno de Australia desoyó la petición y decidió prolongar unilateralmente el contrato, como resaltó un artículo de The Guardian.

La versión australiana del diario británico ha jugado de hecho un papel clave en lo referente a la polémica y la denuncia de abusos sobre los centros de inmigrantes. Ha publicado más de 2.000 documentos filtrados, los llamados “Nauru Files“, en los que se evidenciaba violaciones de derechos humanos sistemáticas, que incluían asaltos de detenidos, abusos sexuales y automutilaciones. Las acusaciones, que fueron recogidas por medios de todo el planeta, eran sobre todo contra Wilson Secutiry, la empresa responsable de la seguridad en los campos, pero salpicaban de rebote a Broadspectrum y Ferrovial, que la habían contratado.

Hasta el punto que algunos medios internacionales, como International Business Times o The Canary, publicaron el análisis de Diala Shamas, una experta en derecho internacional de la Universidad de Stanford, que dijo responsables de las tres empresas, incluyendo a Ferrovial, y funcionarios del gobierno australianos podrían ser procesados por crímenes contra la humanidad y por “homicidio empresarial”.

Aunque desde la constructora española rechazaron esta interpretación jurídica y se recalcó que los abusos habían ocurrido antes de que tomara el control de Broadspectrum, los esfuerzos por tratar salir de esta situación fueron redoblados. Y esta “aversión” a ser cómplice corporativo de Ferrovial, fue destacada por The Guardian como uno de los factores que podía impulsar el cierre de los centros. El diario británico enfatizó que la complicidad de las empresas era una de las patas en las que se sostenía el gobierno para mantener su polémica política de inmigración y al ponerse en cuestión la misma, el fin de estos campos podía estar cerca.

Y finalmente Australia ha decidido cerrar el primero de estos centros, el de la isla de Manus. E ministro de inmigración lo confirmó aunque no dio detalles de qué pasaría con los 800 refugiados que permanecen en el campo y tampoco ha mencionado qué pasaría con Nauru. La noticia sin embargo ha tenido amplio eco en medios de todo el globo.