El decreto ley aprobado por el gobierno para servir de base a las reclamaciones por las devoluciones a los afectados por las “cláusulas suelo” tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE es noticia en los principales medios galos. En general se habla de nuevo “mazazo” o “revés” para un sector que se recuerda pasó por un rescate en 2012 que aún colea. En este caso se advierte que los bancos españoles podrían tener que reembolsar lo cobrado de más a más de 1,5 millones de clientes, lo que podría tener un coste de entre 2.000 y 3.000 millones. Y aunque se enfatiza que el mecanismo de resolución aprobado por el gobierno da a las entidades la posibilidad de evitar la reclamación judicial y negociar con el cliente, se advierte que los pagos tendrán un “fuerte impacto” en los resultados del sector.

Le Monde habla de nuevo mazazo para la banca española por las devoluciones a 1,5 millones de clientes. El texto de Sandrine Morel se ha eco del decreto ley aprobado por el gobierno para imponer a los bancos un mecanismo de resolución extrajudicial sobre las reclamaciones por las cláusulas suelo, “masivamente aplicadas entre 2009 y 2013″ y declaradas “abusivas” por la Corte de justicia de la UE. Apunta que el gobierno ha intentado evitar el recurso en los tribunales y ha fijado unas condiciones “muy exigentes” a las entidades, según responsables de la AEB, pero que les permiten negociar con el cliente. Señala eso si que los reembolsos tendrán un “fuerte impacto en los resultados” del sector. Añade que además estos resultados pueden verse afectados por otra decisión del Tribunal Supremo que ha considerado abusivos los gastos de constitución de hipotecas que aplican los bancos y podría obligarles a pagar la mitad.

Les Echos destaca que España acelera el reembolso a las víctimas de abusos bancarios. La crónica de Cécile Thibaud explica que el gobierno español ha “puesto orden” ante el problema de las abusos bancarios y ha fijado en un decreto ley las bases para simplificar la reclamaciones de los clientes afectados y acelerar los reembolsos. Recuerda que esta medida se anuncia un mes después del fallo del Tribunal europeo que ordenó a la banca española devolver íntegramente lo cobrado de más con las “clausulas suelo”. Señala que hay al menos 1,5 millones de familias afectadas por este procedimiento y la patronal bancaria ha rebajado algo la estimación de lo que los reembolsos costarán al sector de los 4.000 millones que dijo inicialmente a una cantidad que oscilará entre los 2.000 y los 3.000 millones.

Liberation señala que las entidades españolas pueden tener que hacer frente a una “indemnización monstruo”. El texto de François Musseau apunta que la cláusulas suelo permitieron a la banca española mantener sus beneficios pese a la bajada de tipos de interés y ganar miles de millones de euros a costa de los consumidores. Pero resalta que la condena europea a esta práctica abre la vía a una “indeminización monstruo” y añade aún más descrédito, “que ya era enorme” a la banca. Resalta además que la oposición en España está pidiendo que se constituya una comisión parlamentaria para poner luz sobre el asunto del rescate financiero y depurar posibles responsabilidades. Por ello avisa “el capítulo de los abusos bancarios está lejos de estar cerrado”.

L´Opinión cree que los reembolsos por las clausulas abusivas son nuevo revés para la banca española, pero resalta que el reglamento del gobierno evita la via judicial. Apunta que el sector financiero español ha sido condenado por la justicia europea en lo que es, tras el rescate de 2012, un nuevo revés para la banca. Explica que el gobierno español aprobó el pasado 20 de enero el decreto que impone un mecanismo de resolución extra-judicial para los afectados por las “cláusulas suelo”, decretadas “abusivas” y para las que se ha ordenado un reembolso retroactivo. Señala que las autoridades españolas para evitar que la resolución fuera judicial han impuesto a los bancos que informen a sus clientes afectados en el plazo de un mes y que les indemnicen en los tres meses siguientes. Y señala que este sistema “favorecerá a las dos partes”, según el gobierno ya que acelera los reembolsos, pero permite a la banca negociar con sus clientes sin costes judiciales.

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