Un guardia civil y un policía nacional han suscrito y apoyado publicamente en rueda de prensa la última denuncia de Amnistía Internacional: que las Fuerzas de Seguridad del Estado en España tienen una formación en derechos humanos “marginal”. Supone apenas un 4% de los cursos que reciben y eso deriva en abusos. Por eso piden que se mejore.

Rueda de prensa de AI
(Foto: Flickr/Amnistía Internacional)

José Manuel Sánchez y Joaquín Canovas son los máximos responsables de los dos sindicatos mayoritarios en las Fuerzas del Orden. El primero es del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el segundo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Madrid. Ambos han admitido que la formación que reciben en derechos humanos es “manifiestamente mejorable”, si no “deficiente”, y han puesto como ejemplos de los problemas que de ello se derivan los centros de internamientos de extranjeros, las redadas masivas e indiscriminadas de ‘sin papeles’y determinadas prácticas policiales.

Amnistía Internacional ha hecho una “radiografía” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no les deja en buen lugar. Consideran que la formación en derechos humanos que reciben los agentes “sigue siendo muy escasa y aislada y, en particular, es deficiente en los niveles de ingreso a ambos cuerpos”. En concreto hablan de que “se presta una escasa atención a la cuestión del racismo y la xenofobia” y que “faltan criterios para asegurar, durante la formación de ingreso, que se descarta a alumnos con valores o actitudes contrarias a los derechos humanos”.

El informe es de la ONG, pero tando el representante de la Policía como el de la Guardia Civil han admitido que es “completo”, “exhaustivo” y “bien documentado”. Creen que el tema de los derechos humanos debería tratarse de una forma transversal, desde los principiantes a los profesionales, y no como algo suplementario.

Una manera de mostrar estas carencias es comprobar cómo abordan la inmigración. La formación recibida por la Policía Nacional está integrada en una unidad llamada Inmigración ilegal, “con un enfoque que sólo analiza las causas que favorecen la inmigración ilegal y la normativa de extranjería aplicable, pero no hay alusión relativa a la vulnerabilidad de estas personas o las necesidades relativas a su protección”, afirma Álvarez. En la guardia civil, esta materia se trata dentro de un módulo llamado Prevención de la delincuencia “sólo con el nombre ya podemos imaginar el enfoque que recibe”.

Virginia Alvarez de Amnistía Internacional subraya la importancia de esta cuestión: “la formación en derechos humanos de las Fuerzas de Seguridad refleja el tipo de clase política que un país desea tener”. Explica que a nivel de la Unión Europea “no estamos a la altura de otros países”. Y denuncia que “el Gobierno sigue sin dar importancia a este tema” y ha mostrado “indiferencia” ante el informe.

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