Entre el 7 y el 16 de septiembre -según CCAA- está previsto que vuelvan a abrir oficialmente las puertas los colegios, institutos y universidades de toda España. Pero esa es practicamente la única certeza que existe al respecto a cómo va a ser la educación en la etapa post-confinamiento. No hay instrucciones claras ni protocolos definitivos para garantizar tanto la seguridad de alumnos, profesores y padres como la educación en sí misma. Y casi más preocupante que la falta de indicaciones, resulta la ausencia de reflexión profunda y debate en la sociedad al respecto. A pesar de ser un tema crucial para un país, tanto por su impacto sanitario como en el aprendizaje de las nuevas generaciones, cada vez más voces denuncian la sorprendente carencia de interés y preocupación por ello. ¡Parece haber más debate sobre como abrir las discotecas que los colegios!

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En España, uno de los problemas para trazar un plan es que las competencias en educación están transferidas y dependen de las 17 consejerías autonómicas. La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha dicho que el curso empezará en un entorno seguro pero que son las comunidades autónomas las que se encargarán de ello. Pero varias consejerías autonómicas ya han anunciado que sólo darán directrices, dejando que sean los centros los que tomen las medidas concretas. Lo cual supone delegar una enorme cuota de responsabilidad en los equipos directivos, sin apenas respaldo legal. Algunos ya han denunciado este abandono de las Administraciones y en Sevilla incluso ha dimitido toda la dirección de un colegio ante la imposibilidad de garantizar la seguridad.

Pero la rebelión de la comunidad educativa que se está dando bajo el lema «Sin seguridad, no volvemos» también sucede en otros puntos de España. En Madrid los directores de instituto han advertido de que las condiciones fijadas por la Comunidad convierten los centros en «focos de contagio» y el profesorado protesta contra la falta de seguridad en los planes de vuelta al colegio para septiembre.

La distancia social entre los alumnos y garantizar el uso de mascarillas son dos de los caballos de batalla a los que se enfrentan los centros educativos. Y se trata de dos retos mayúsculos, cuando las administraciones no están dando facilidades ni para contratar más personal, ni para ampliar instalaciones. En Madrid, por ejemplo primero se habló reducir el número de alumnos por clase a 15. Luego a 20 y finalmente, el último protocolo de la CAM planteaba no recortar la ratio -el número de alumnos por clase- ni en colegios, ni en institutos. Y en Cantabria, la ratio de la que se habla también es de 25 alumnos por aula, lo que ha provocado protestas del sindicato de profesores

Pero además, los centros reclaman «poder mandar por ley a los niños a casa» en casos de contagio. De momento no se conocen instrucciones precisas sobre cómo afrontar los posibles positivos y cuarentenas. Y no parece que se estén debatiendo tampoco. Cada comunidad autónoma está proponiendo diferentes medidas para abordar distintos aspectos. En Asturias plantean una hora menos de clase al día, en Extremadura, clases por las tardes, Castilla y León y Baleares, turnos en comedor y patio, en Cataluña, la toma de temperatura y en Murcia, el cambio de calzado para entrar en el aula, entre otras. Pero en los dos aspesctos claves que reclama la comunidad educativa, más inversiones para adecuar espacio y más personal, no ha habido demasiados avances.

Y sorprende la falta de debate público al respecto, tanto de las medidas de seguridad como de la importancia de que las generaciones más jóvenes prosigan con su educación, Varios expertos ya han alertado de que el confinamiento implicó una pérdida de competencias y aprendizajes para muchos menores, que puede generar una mayor desigualdad a medio y largo plazo. Y se reclaman medidas para compensar esta situación y sobre todo garantizar que aunque el curso 2020-2021 pueda sufrir parones y cuarentena se habilite un sistema eficaz que permita garantizar el aprendizaje.

Aunque de nuevo, muchas voces señalan que no se ha avanzado en este terreno tampoco y que las medidas van a recaer en los responsables de cada centro. Pero la realidad es que ni por las consecuencias sanitarias, ni por las de educación, un país puede permitirse no reflexionar a fondo sobre cómo reabrir los colegios. Y España, hasta ahora, no lo ha hecho.

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