La revista italiana Panorama publica un texto de Gian Antonio Orighi titulado:“Federalismo de las antenas”. El texto denuncia la alta politización de las televisiones autonómicas en España, señalando en especial a TeleMadrid y a Canal Sur:

“¿Después del federalismo fiscal, el televisivo? -se pregunta el autor- Si el ejemplo es España, cabe esperarlo. En un país en el que hay sólo dos cadenas estatales (Tve-1 y La2), las emisoras públicas de las ‘comunidades autónomas’, formidable arma propagandística de los gobiernos regionales que las controlan, son ya 26 y cuestan al contribuyente nada menos que 3.000 millones de euros. Hay para todos los gustos y para todas las lenguas: de las noticias 24 horas al día en valenciano a la red musical en vascuence. Y todas tienen su telediario, que es la verdadera razón de su existencia. Las más escuchadas son TeleMadrid, agit-prop popular, la andaluza Canal Sur, empalagosamente socialista, y Tv3, principal vehículo del independentismo catalán”.

En efecto,  el asunto -que llega ahora a la prensa extranjera- es un escándalo. En nuestro país hay una falta total de pudor a la hora de confundir la propaganda con el interés público.

Para España, es toda una novedad y un acierto que se haya garantizado por ley la independencia de TVE. Es un paso valiente, tanto como el hecho de que su Presidente sea elegido por el Parlamento. Sin embargo es llamativo que el ejemplo no haya cundido en las comunidades autónomas, incluidas las socialistas.

No hay ninguna que se salve: ni la valenciana, ni la andaluza, ni la madrileña, ni la gallega, ni la catalana. Todas han convertido el periodismo en una herramienta al servicio del poder. La noticia es mala para esta profesión, pero es nefasta para la sociedad.

Hay un asunto, además, que se aborda poco y que la sociedad no debería consentir: la utilización que se hace del presupuesto. Esos 3.000 millones de euros se utilizan no solo para apoyar a políticos locales sino para favorecer a sus amigos. Un asunto que alguien tendrá que abordar es el pago que se hace en muchos de esos lugares, a precios completamente desorbitados, a productoras de amigos y contactos. Apenas hay controles y cuando existen se solapan con la ingeniería de los golfos.

Pero nadie lo aborda. Todo el mundo, tanto gestores como ciudadanos, se autocuentan alguna historia para justificarlo y mirar a otro lado.

Y uno se pregunta ¿como funcionaría este país si todo el mundo cumpliera las normas?