El boom inmobiliario que vive España deja hueco para noticias tan impactantes como esta: según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente, hay un mínimo de 300.000 viviendas nuevas que se están vendiendo o construyendo sin tener el suministro de agua garantizado.

En concreto se habla del Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, 8.100 casas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación. Todas estas promociones siguen adelante pese a los informes negativos de Medio Ambiente en cuanto al abastecimiento de agua.

Los constructores dicen que el agua es un derecho básico y el Estado debe garantizar su suministro. Y plantean detinar a las urbanizaciones el agua de la agricultura, que segun ellos se malgasta. Desde julio de 1985, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obliga a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse expresamente sobre si hay o no agua suficiente para los proyectos urbanísticos planeados. Fue un intento del Ministerio de Medio Ambiente para controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.

En cualquier caso el estudio no es vinculante, porque las competencias en esta materia corresponden a autonomías y ayuntamientos.

Otro problema grave de la construccion desaforada que vive España es la cantidad de proyectos y viviendas que estan “cercando” los parques naturales.

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