El 11 de enero de 2002 el gobierno de EEUU abrió oficialmente la cárcel de Guantánamo para detenidos por terrorismo. En estos 19 años se calcula que ha llegado a albergar más de 800 presos y hoy aun quedan unos 40. Coincidiendo con esta efeméride y ante la llegado el próximo 20 de enero de una nueva Administración presidida por Joe Biden, ocho expertos de Naciones en derechos humanos han pedido el cierre inmediato de este centro de detención que consideran un «lugar de abuso y arbitrariedad».

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Tras los ataques del 11S, el gobierno de George W. Bush decidió, el 11 de enero de 2002, abrir un centro de detención «improvisado» en la base naval de la Bahía de Guantánamo donde encarcelar a los detenidos, principalmente tras la invasión de Afganistán, acusados de terrorismo o de pertenecer a Al Qaeda. Acaban de cumplirse 19 años y la cárcel situada en el oriente de Cuba a 800km de Miami, sigue abierta.

En 2003 tenía 700 detenidos y se calcula que en total ha acogido a más de 800, Hoy aún quedan 40 prisioneros, según las asociaciones de DDHH, aunque sólo nueve de ellos han sido acusados o condenados por algún delito y hay algunos que llevan 15 años encarcelados a la espera de un juicio que nunca llega. Dada esta situación y aprovechando la efeméride, ocho expertos de la ONU en derechos humanos han instado al nuevo gobierno estadounidense que asumirá el 20 de enero a cerrar inmediatamente ese centro de detención y a investigar los abusos de las garantías fundamentales cometidos en Guantánamo.

En concreto la detención prolongada e indefinida de personas que no han sido condenadas por ningún delito por una autoridad judicial competente e independiente bajo el debido proceso legal, es, según los expertos, «arbitraria y constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante o, incluso, tortura». Han advertido asimismo de que los detenidos que quedan en Guantánamo corren el riesgo de morir por el rápido deterioro de la salud debido al envejecimiento y los daños físicos y mentales.

En un comunicado conjunto, los relatores de la ONU han asegurado “Guantánamo es un lugar de arbitrariedad y abusos. La mera existencia de esta instalación es una vergüenza para Estados Unidos y para la comunidad internacional en su conjunto». En concreto han señalado las comisiones militares y pedido su disolución por considerarlas incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y piden que que procesen a los detenidos en Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se les libere o repatríe.

Los firmantes del comunicado son Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria: Leigh Toomey, Elina Steinerte, Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila, Seong-Phil Hong; y las relatoras especiales sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales, Agnes Callarmard, y sobre la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, Fionnuala Ní Aoláin.

“Con la entrada de un nuevo gobierno en Estados Unidos y a medida que nos acercamos al vigésimo aniversario del 11 de septiembre, Guantánamo debe cerrarse para siempre”, concluye la ONU.

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