Lleva en pie desde 1991, pero el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) de Madrid, el más antiguo de España de estas características está en situación límite y al borde del cierre. El motivo es la falta de ingresos, según resalta un artículo de ElDiario.es que firma Marta Borraz, al desplomarse la subvención pública que recibía anualmente por la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional.

 

El Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) de Madrid fue fundado en Madrid en 1991 por Ana María Pérez del Campo. Fue el primero de España pensado para que las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas pasasen alli el tiempo necesario, una media de entre 10 y 18 meses, para alejarse de los maltratadores y sobre todo, para salir recuperadas de las heridas que deja la violencia.

Y durante más de 30 años se ha mantenido con fondos públicos. Pero ahora el CARRMM se encuentra en “situación límite» y en peligro de cierre por la falta de ingresos. La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que es quien gestiona el centro, cifra en algo más de 800.000 euros el presupuesto necesario para sostenerlo durante un año, pero por el momento solo cuenta con 326.758 euros.

Del Estado central apenas ha recibido este año, 260.0641 euros, muy lejos de lo percibido en años anteriores y la mitad que en 2021. Pero según Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es quien se encarga de repartirlo, no se puede hacer más porque, a partir de ahora, la competencia para financiar atención directa recae en las CCAA en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Esta situación ha provocado que el centro haya tenido a trabajadores y proveedores sin cobrar y esté en peligro de cierre. El CARRMM cuenta con más de 3.500 metros cuadrados repartidos en 25 habitaciones, biblioteca, guardería, gimnasio o jardín. Y hoy solo acoge a 42 personas, entre mujeres y sus hijos, con las que trabaja un equipo multidisciplinar formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras y abogadas, pero podría acoger hasta 60 plazas más que están vacías por la falta de ingresos.

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