La ARMH denuncia que el gobierno ha exhumado 8.900 cuerpos y sólo identificado 70

Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en España han sido exhumados entre 2019 y 2025, un total 8.941 cuerpos de fosas comunes de represaliados por el franquismo. Sin embargo, en los registros del gobierno únicamente constan 70 identificaciones. Ante esto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha lanzado una campaña desde sus redes sociales pidiendo explicaciones al gobierno y su presidente Emilio Silva ha recordado que «el objetivo no es exhumar, es identificar desaparecidos».

A principios de octubre de 2025, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática reveló datos concretos de exhumaciones de fosas comunes en España desde 2019 y anunció que se habían recuperado restos de 8.941 cuerpos. Aunque apuntó que de estos únicamente 70 habían sido identificados y entregados a sus familiares. Esta cifra representa únicamente el 0,7% del total de cuerpos recuperados. El gobierno español asegura que la baja tasa de identificación responde a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos.

Pero desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se considera que se trata de una «actuación inaceptable» y desde la cuenta de twitter, han lanzado una campaña pidiendo explicaciones al gobierno y exigiendo que busque alguna solución. En concreto han recordado que el objetivo debería ser identificar al mayor número posible de desaparecidos, no simplemente exhumarlos.

Emilio Silva, presidente de la ARMH, ya se había mostrado muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez por no haber hecho pública antes la cifra identificados asegurando que «estaban en un formato de difícil acceso». Denunció que «la estrategia de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es multiplicar las exhumaciones, pero no las identificaciones» revelando que hay empresas de arqueología que reciben subvenciones del gobierno y trabajan en fosas «donde no han dedicado ni seis minutos a investigar quienes pueden ser las personas allí enterradas y a localizar a sus familias». Y apunta que al no exigir que haya detrás familiares, no se puede contrastar el ADN. Desde la ARMH se defiende que la solución pasa por crear una oficina de atención a las víctimas y centrar las excavaciones en las fosas con más posibilidades de lograr identificaciones.

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