The Economist señala: “La justicia española está en medio de una amarga batalla política”

El gobierno español se enfrenta a una larga lista de casos e investigación por corrupción, pero denuncia que es víctima de «lawfare«, mientras la oposición conservadora sostiene que los jueces solo aplican la ley… pero parece que deja que sea la justicia quien haga la labor de control del ejecutivo. Y el problema para la democracia española es que los jueces se han convertido en «pelota política» y esto no va en el interés de nadie a largo plazo. Es el análisis que hace el influyente semanario británico del actual enfrentamiento político-judicial en España. Repasa algunas de las características y elementos que explican el deterioro de la confianza y la situación y considera que los políticos deberían dar el primer paso para dejar de «judicializar la política». Aunque advierte que dada la polarización que existe en España, puede ser «pedir demasiado».

The Economist recuerda que hay «tantos casos judiciales pendientes en el entorno de Pedro Sánchez que en fin de año algunos medios preveían que 2026 sería su `calvario judicial´». Detalla que entre ellos hay media docena de investigaciones por corrupción contra aliados políticos cercanos, la condena contra el Fiscal General, García Ortiz, y los caso contra la mujer del presidente, Begoña Gómez o su hermano, David Sánchez. Pero subraya que el gobierno español denuncia que se trata de «lawfare» y una campaña de acoso judicial para provocar su caída, mientras la oposición responde que los jueces simplemente están aplicando la ley y controlando al presidente -aunque apunta que «el PP al no tener los votos suficientes para una moción de censura, a menudo parece dejar que sea la justicia la que le haga trabajo»-. Y señala que el gran problema para la democracia española es que los jueces se han convertido en una «pelota de fútbol política», y aunque para muchos siempre ha existido esta influencia, «ahora se ha vuelto más explícita».

El artículo enfatiza que en España, es frecuente describir a los jueces como conservadores o progresista, «algo inusual en Europa» y resalta que en este marco, el Tribunal Supremo tiene mayoría de derechas, mientras que el Constitucional es predominantemente de izquierdas. Menciona también como otra «rareza a nivel europeo» las múltiples asociaciones judiciales que existen en España «divididas según líneas políticas» y la huelga que hicieron varias de ellas en verano contra medidas del gobierno que consideraban una amenaza para la independencia judicial. Repasa algunas de las causas del «desmoronamiento de la confianza entre políticos y jueces» como las batallas políticas sobre el CGPJ, la Ley de Amnistía para el independentismo catalán o las investigaciones contra la familia de Sánchez, especialmente la que afecta a su mujer que lleva a cabo un «anciano juez auxiliar basándose en acusaciones de grupos de extrema derecha» y que se prolonga desde hace dos años sin que se hayan formulado cargos.

Se recogen comentarios de juristas españoles que subrayan que la mayoría de jueces no actúa en función de lo que dicen los partidos ni tienen un sesgo contra el gobierno, pero muestran su preocupación por el «preocupante retroceso» vivido y las presiones del poder político. Aunque el semanario británico advierte que a largo plazo esta situación «no interesa a nadie» y considera que los políticos españoles deberían dar el primer paso y dejar de «judicializar la política». Pero apunta que dada la polarización que vive el país «puede ser pedir demasiado».

The Economist es un semanario británico que se publica desde 1843 y considerado un referente en el  análisis de las relaciones internacionales y la economía. Su opinión influye en la imagen exterior de los países, en los inversores internacionales y marca la agenda de otros medios de comunicación. Desde agosto de 2015 ha dejado de pertenecer a Pearson y ahora Exor, compañía de la familia italiana Agnelli dueña de Fiat, controla el 43,4%. La familia Rothschild posee el 25% de las acciones. El resto se reparte entre otras destacadas familias británicas y empleados y ex trabajadores de la revista. Su línea editorial es neoliberal tanto a nivel económico -a favor del libre mercado, la globalización y la libre inmigración- como en temas sociales -han apoyado el matrimonio gay, la legalización de las drogas o el control de armas-. Y políticamente han respaldado tanto a candidatos conservadores como de izquierdas. Sus artículos no van firmados. Su circulación media en 2023 superaba los 515.000 ejemplares en papel, pero combinada con las suscripciones digitales supera los 1,2 millones de copias.

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