La ARMH protesta por la decisión judicial que suspende declarar Lugar de Memoria la sede de la CAM
La Audiencia Nacional ha ordenado la paralización cautelar de la designación de la Casa de Correos de Madrid, sede de la presidencia autonómica, como Lugar de Memoria Democrática por haber sido Dirección General de Seguridad de la dictadura franquista y escenario de detenciones ilegales y torturas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante el CGPJ por esta decisión denunciando que se busca ocultar lo que fue la DGS durante el franquismo, y se pide una disculpa pública a las víctimas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presenta una queja entre el Consejo General del Poder Judicial por la decisión de la Audiencia Nacional de ocultar lo que fue la Dirección General de Seguridad de la dictadura franquista.https://t.co/bteWOFOTpT
— Emilio Silva Barrera (@Emilio_Silva_) May 18, 2026
La ARMH ha presentado por registro una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para protestar por la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que ha considerado que señalizar el edificio en el que estuvo la Dirección General de Seguridad franquista y hoy es sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, como lugar de detención ilegal y tortura de la dictadura franquista podría afectar de manera irreversible a la imagen del órgano autonómico.
Desde el escrito se recuerda que son una asociación «declarada de utilidad pública y con un interés legítimo en presentar la queja» y aseguran: «Consideramos que un órgano judicial democrático no puede atender a cuestiones estéticas. Sus funciones no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo que acaba de negar la Sala de los Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional es que se cuente que en ese edificio ocurrieron torturas cometidas por dirigentes y policías franquistas; es decir, proponen que los hechos se sigan ocultando. La función de ese tribunal ya no es mantener el orden público; es proteger y reparar a víctimas y perseguir y juzgar a verdugos».
Añaden: «Que representantes del Poder Judicial de una democracia quieran seguir escondiendo los crímenes de la dictadura y consideren su divulgación pública desde criterios estéticos explica lo alejados que se encuentran algunos magistrados de una ética de los derechos humanos que debe marcar y enmarcar sus deberes judiciales». Y por todo ello la ARMH solicita: «una disculpa pública hacia las víctimas torturadas por el franquismo, cuya resistencia contra la dictadura y la memoria de su lucha enriquecen nuestra democracia y ha servido para crear un sistema de libertades en el que estos magistrados han accedido a su cargo por un proceso que, aunque a veces no lo parezca, no ha sido la decisión del dedo de quien daba las órdenes de que se cometieran todas esas torturas».
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