Para Amnistía Internacional el Congreso de los Diputados, que está tramitando la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), «tiene el deber de impulsar modificaciones de la ley para que responda a los estándares internacionales de derechos humanos».

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Urgen a la eliminación de los artículos «que limiten o interfieran de manera desproporcionada en el ejercicio de la libertad de reunión, expresión e información». Así como tomar medidas «para corregir la posible arbitrariedad en la actuación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de aplicar sanciones».

Desde que entró en vigor, la organización viene reclamando la necesidad de introducir mecanismos independientes «que aseguren que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad sean investigadas de manera imparcial y exhaustiva».

Además, destacan que cerca de 150.000 personas se han dirigido ya al Congreso, a través de la acción online de Amnistía Internacional para pedir que se modifique «de una vez por todas» la ley, y «se garantice el derecho a la libertad de reunión, expresión e información».

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