Amnistia Internacional, junto al resto de organizaciones firmantes de un comunicado, instan a los gobiernos a que garanticen que «el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos».

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Reconocen que la situación actual requiere «una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo». Sin embargo, señalan que las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir «sistemas de vigilancia digital invasiva».

Así como consideran que la tecnología «puede y debe desempeñar importantes funciones» como difundir «mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud». También hacen hincapié en que «el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación».

Consideran que las medidas de vigilancia adoptadas «deben se ser legales, necesarias y proporcionadas». Y, «si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia», estos deben ser «de duración limitada». Además, apuntan a que los gobiernos «deben hacer todo lo posible» para proteger los datos personales.

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