Acaba de entrar en vigor la norma la norma que congela los alquileres en la ciudad-estado de Berlín. Es una iniciativa inédita y controvertida en Alemania que trata de poner freno al desenfrenado auge de los precios, que se han duplicado en la capital germana en la última década. Y a pesar de que esta medida tiene detractores, coincide con lo que pide el último informe de la relatora de vivienda de la ONU que alerta de una «reburbuja inmobiliaria» y pide limitar los precios del alquiler.

(Foto: Flickr/Srgpicker)

A partir de este 23 de febrero, en Berlín, la ley fija una techo para los alquileres que como máximo podrán ser de 9,80 euros por metro cuadrado. Esto afecta a 1,5 millones de vivienda cuyos contratos debeberán ser ajustados a este baremo que se encuentra bastante por debajo del actual precio de mercado en el centro. Los arrendatarios podrán incrementar a partir de 2022 los alquileres en un 1,3%.

La norma es inédita en Alemania y ha sido impulsada por el tripartido de izquierdas que gobierna la capital para intentar afrontar la crisis de vivienda que se vive allí. En Berlín el 85% de los 3,7 millones de habitantes vive en régimen de alquiler, pero los precios se han duplicado en la última década. La congelación de precios pretender mantener los alquileres actuales al nivel de 2014 durante 5 años.

Aunque tiene detractores y ha sido recurrida en los tribunales por la oposición conservadora y liberal, este intento de controlar los precios en Berlín está en línea con loa que pedía el último informe de la relatora de vivienda de la ONU. En una investigación titulas «Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada» profundizaba en los motivos que hay detrás de la actual «reburbuja inmobiliaria» y señalando el papel que están jugando los inversores institucionales.

En concreto denunciaba que «la vivienda se ha convertido en la mercancía de elección de las instituciones financieras corporativas» que «compran grandes cantidades de viviendas asequibles y sociales (a veces barrios enteros), desplazando a las familias y comunidades de menores ingresos”. Añadía que tanto personas como corporaciones de alto poder adquisitivo están «utilizando los bienes inmuebles residenciales para aparcar capital o eludir impuestos» contribuyendo a que se inflen los precios y estemos asistiendo a una «reburbuja inmobiliaria».

El informe de Naciones Unidas criticaba a los estados por facilitar este cambio con desgravaciones fiscales y por tratar la vivienda como una mercancía para el comercio y la especulación, en lugar de como un bien social y un derecho humano. Y en este sentido defiende la necesidad de un «cambio de rumbo» y propone varias medidas correctoras. Una de ellas es: “un marco regulador del alquiler que preserve la seguridad de la tenencia y la vivienda asequible para los inquilinos, por ejemplo, limitando los precios de los alquileres, imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

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