Más de 100 profesores, investigadores y docentes de diversas universidades de Estados Unidos han salido en apoyo del Juez Baltasar Garzón y denuncian en una carta la perpetuación de la impunidad en España. Scott Boehm, investigador del Archivo audiovisual de la guerra civil y la represión franquista de la Universidad de California, San Diego, ha sido uno de los impulsores de la misiva. En esta entrevista de radiocable.com explica el punto de vista de los firmantes sobre el proceso contra el Juez de la Audiencia Nacional que marca «claramente la diferencia entre ley y justicia».

Baltasar Garzón
(Foto: Flickr/Ukberri.net)

Scott Boehm explica que muchos docentes universitarios e hispanistas de EEUU están en contra de la impunidad porque consideran que «más que una guerra civil hubo un genocidio y eso se tiene que investigar». Recuerda que existe legislación internacional que permite hacerlo a pesar de la Ley de Amnistía y cree que una condena de Garzón sería «además de una vergüenza para la Justicia española, otro ataque a las víctimas del franquismo»

Explica que no están luchando por Garzón o por su imagen, sino porque «el representa a ua población que ha pedido ayuda y apoyo al Estado español a través de él y su cargo. Y es mujy peligroso si la Falange hoy en día pueden tapar y parar un proceso de investigación que es fundamental para la España democrática.»

Cree que una condena a Garzon dejaría una imagen «fatal» del país y su justicia en el extranjero: «No se entiende muy bien esto fuera de España y no es porque la gente simplemente no entienda la historia o la justicia especial de España como muchos han dicho aqui, sino que se ve claramente la diferencia entre ley y justicia fuera del marco español»

Entre los firmantes de la carta hay catedráticos, profesores titulares, investigadores, y doctorandos. Este es el contenido de la carta de apoyo:

«Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón. Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar la impunidad y ampliar la situación de desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista.

Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.

La causa abierta contra el franquismo por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo.

El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional  en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. ??los rojos?) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española.

Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio

Asimismo, observamos con suma preocupación que se admita a trámite una denuncia presentada por un grupo, Manos Limpias, que es heredero directo de Falange Española y del más rancio fascismo español. En la mayoría de otros países Europeos (Alemania, Italia) estos grupos son simplemente ilegales, como lo son también las expresiones de exaltación y glorificación del pasado fascista.  Admitir como legítimos participantes del Estado de Derecho a quiénes participaron en la destrucción violenta del primer período enteramente democrático que hubo en España ??la II República??es una cruel ironía del destino y un sinsentido político.

Por todo ello,  pedimos al Juez Varela que desista en su intento de juzgar al Juez Garzón o que, al menos, considere los testimonios y pruebas aducidos por especialistas en derecho internacional y por  historiadores de la represión franquista como parte del proceso. Sin embargo, aún más importante que el proceso abierto contra Garzón es entender que en España las víctimas de la represión franquista siguen viviendo en una situación de desamparo legal sin parangón en el mundo. A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas reparatorias en España la mayoría de las fosas comunes se exhuman sin la presencia de un juez y sin que se establezca ninguna responsabilidad penal por los presuntos delitos evidenciados en la exhumación.

Ninguna democracia digna de ese nombre puede dejar en las cunetas a miles de ciudadanos e ignorar las posibles responsabilidades legales que se deriven de tan ignominiosos hallazgos. Si finalmente se condena al Juez Garzón y se le aparta de la judicatura, España no sólo no habrá habido reparación y justicia para las víctimas de la dictadura, sino que éstas además seguirán siendo silenciadas y juzgadas por sus verdugos.
Queremos, finalmente, expresar nuestra más absoluta solidaridad a todas las asociaciones cívicas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica y exigir con ellas el fin de la impunidad y la reapertura de los procesos legales que sean necesarios para dar un decisivo paso adelante hacia el establecimiento de la justicia.»

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