La UPN está elaborando elabora un censo con las víctimas, obras y compañías que se beneficiaron del trabajo forzado que la dictadura puso en marcha con presos republicanos de cárceles y campos de concentración. El gobierno ha anunciado que va a financiar este proyecto que busca sacar a la luz esta faceta de la dictadura. ElDiario.es detalla en el reportaje «Presos ‘rojos’ al servicio del franquismo (y de las empresas)» como los historiadores quieren hacer un inventario de los presos republicanos que se vieron forzados a trabajar para esta iniciativa del franquismo, así como de las obras que llevaron a cabo… identificando también a las empresas que se aprovecharon de esta mano de obra «barata y sometida».

“Sería necesario que se nos facilitaran 200 peones de los que actualmente se hallan en calidad de prisioneros en los campos de concentración”. Con esta petición, la empresa Ginés Navarro e Hijos S.A. reclamaba en 1938 a la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) que pusiera a su disposición a dos centenares de trabajadores para terminar las obras del pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria. Se trataba de republicanos encerrados a medida que los franquistas iban conquistando territorios tras el golpe de Estado y que no solo fueron privados de libertad, sino también utilizados como mano de obra barata y sometida para erigir y reconstruir la Nueva España.

El trabajo forzado de la dictadura es una de las facetas menos conocidas de la represión franquista y un territorio recién comenzado a explorar por los historiadores. Por eso el Gobierno acaba de dar el primer paso para elaborar un inventario que dé cuenta de cómo funcionaba este engranaje utilizado por el régimen de Franco contra el “enemigo” y que detalle sus implicaciones. El objetivo es contar con un censo oficial que dé cuenta de qué obras se levantaron, quiénes fueron los afectados y qué entes públicos y compañías privadas se beneficiaron.

Es una previsión contenida en la Ley de Memoria Democrática y para ello el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha otorgado 600.000 euros a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en la que están algunos de los mayores expertos en la materia, para que en el plazo de tres años elabore el proyecto. “Falta mucho por saber. Hay un vacío en comparación con otras formas de represión de la dictadura a pesar de su envergadura. No tenemos cifras totales, no están todas las víctimas identificadas con nombre y apellidos y hay que seguir investigando”, apunta el historiador de la UPNA Juan Carlos García Funes, que va a encargarse de liderar el proyecto.

El régimen franquista puso en marcha dos sistemas de explotación laboral diferenciados: el primero estaba vinculado a los campos de concentración en los que los sublevados iban encerrando a prisioneros de guerra durante la Guerra Civil y el segundo fue el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo, dirigido a los presos de las cárceles. Los primeros formaban parte de los llamados batallones de trabajadores, de los que hubo varios tipos, y los segundos estaban en destacamentos penales llevando a cabo todo tipo de obras y trabajos. Funes ha identificado hasta ahora 290 batallones de trabajadores, integrados en su pico máximo (enero de 1939) por al menos 95.800 prisioneros. Cada uno de ellos, solía contar con entre 600 y 800 integrantes.

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