La Corte Internacional de Justicia, la más alta instancia del sistema de Naciones Unidas dictó este 19 de noviembre su sentencia en el caso “Gambia contra Myanmar” sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio. Y ha declarado a Myanmar responsable de este crimen cometido contra la etnia rohingya del país durante las «operaciones de limpieza» de 2017. Es la primera sentencia por genocidio que dicta la CIJ contra un Estado.


La sentencia de la CIJ sobre el genocidio concluye claramente que el Estado de Myanmar es responsable de uno de los crímenes más atroces. Desde  la ONU se insiste en que debe suponer un punto de inflexión para que se haga justicia con los rohingya y todo el pueblo y traducirse en medidas concretas.

Al término de una sesión de tres horas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el presidente Yuji Iwasawa, de Japón, declaró además que Myanmar no había logrado prevenir ni castigar el genocidio, tras detallar cómo el ejército de Myanmar había perpetrado “violencia extrema” contra las comunidades rohingya, en su mayoría musulmanas, en el estado de Rakáin.

Por su parte el Secretario General de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción la sentencia como un “poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio. Es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”. El responsable de la ONU subrayó que poner fin a la impunidad en Myanmar y garantizar la rendición de cuentas siguen siendo esenciales para la reconciliación nacional, y añadió que la sentencia “se estudiará detenidamente en el seno de las Naciones Unidas. El derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio, debe ser respetado por todos”.

La sentencia establece que las fuerzas de seguridad de Myanmar “y otros órganos del Estado” cometieron intencionadamente actos específicamente prohibidos contemplados en el artículo II de la Convención sobre el Genocidio. Se trata del artículo II, l a) asesinar a miembros de un grupo, del artículo II, letra b)causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo y del artículo II, letra d)imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo.

La sentencia de la CIJ se dictó tras examinar pruebas gráficas y testimonios aportados por supervivientes, así como informes de investigadores internacionales que describían cómo se habían incendiado y arrasado con excavadoras aldeas y puentes rohingya, y cómo se había ejecutado a hombres y niños y violado a niñas y mujeres durante las operaciones militares de limpieza llevadas a cabo en el norte de Rakáin en 2017. Las operaciones militares de limpieza también incluyeron el asesinato de bebés, lo que “respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con la intención de impedir los nacimientos entre el grupo”, prosiguió el juez Iwasawa.

Al dar a conocer el fallo del tribunal, el presidente de la CIJ describió cómo los rohingya, en su mayoría musulmanes, que vivían en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, habían sido objeto de sucesivas operaciones de limpieza por parte del ejército estatal, tras décadas de violencia intercomunitaria.

Las operaciones de limpieza de 2017 provocaron una condena internacional generalizada después de que unos 700 000 rohingya huyeran del norte del estado de Rakáin cruzando la frontera hacia Bangladés”. Según el tribunal, se estima que unos 10.000 rohingya fueron asesinados durante las operaciones de limpieza, citando pruebas que lo respaldan.

El caso ante la CIJ fue iniciado por Gambia en noviembre de 2019; se ha convertido en uno de los procedimientos más seguidos ante el más alto tribunal de la ONU.

Radiocable.com y su programa La Cafetera se financian con las aportaciones de lectores y oyentes. Necesitamos tu ayuda para sobrevivir. Si te gusta el periodismo que defiende el programa y sientes que te acompaña, hazte suscriptor-mecenas aquí.

linea

Print Friendly, PDF & Email