La CPI dicta órdenes de detención contra dos líderes talibanes por la persecución de mujeres en Afganistán

Hay indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos hacia las niñas y mujeres por parte del régimen talibán en Afganistán desde agosto de 2021 que justifican el arresto de los dos hombres más poderosos del país: el líder supremo afgano y el presidente del Tribunal Supremo. Es lo que ha afirmado la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este 8 de julio una orden de arresto contra el líder supremo afgano, Haibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani por considerar que existen motivos razonables para creer que estos dos líderes talibanes en Afganistán han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos agosto de 2021 has enero de 2025 por las persecución de mujeres y niñas.

El fiscal de la CPI pidió estas órdenes de arresto hace seis meses y los jueces que han estudiado el caso han accedido ahora. Los dos líderes han ejercido la autoridad de facto en el país desde el 15 de agosto de 2021 —día que los talibanes tomaron Kabul, capital afgana—, y según la resolución tanto Akhundzada como Hakim Haqqani han cometido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas «que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género».

Añaden que: “Aunque los talibanes han impuesto ciertas normas y prohibiciones a la población en su conjunto, se han dirigido específicamente a las niñas y mujeres por razón de su género, privándolas de derechos y libertades fundamentales”. Y se señala específicamente los derechos a la educación, la intimidad, la vida familiar así como  las libertades de circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión.

El régimen talibán, por su parte, ha rechazado la decisión de la CPI como un «disparate» y ha calificado las órdenes de detención de «infundadas e ineficaces». Su portavoz, Zabihullah Mujahid, ha afirmado que el Gobierno afgano no reconoce la legitimidad ni la autoridad de la Corte Penal Internacional.

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